Opinión

Cara a cara

16 de noviembre de 2021, 5:00 AM
16 de noviembre de 2021, 5:00 AM

_Fue promulgada la ley del plan de desarrollo económico y social 2021-2025. La norma da luz verde a una planificación que se hizo entre algunos ministros y los sectores sociales afines al MAS. En estas reuniones no estuvieron presentes gobernadores ni alcaldes de la oposición, tampoco los actores del sector empresarial o agroindustrial, salvo pequeños productores (también afines al oficialismo). No obstante, es de cumplimiento obligatorio para todas las instituciones que tienen que ver con el Estado.

_Esta nueva ley genera inquietud porque subordina los planes municipales, departamentales, universitarios, etc. al control del gobierno central, que ha diseñado dicho plan sin incluir a todos los sectores económicos y sociales del país, como si solo los afines fueran bolivianos capaces de hacer una estrategia. Eso significa que resta la autonomía de planificación a gobernaciones y municipios que, en el papel, son autónomos, pero que en los hechos ya no serán. Los defensores de esta ley dicen que los gobiernos subnacionales no saben planificar y que se debería agradecer que haya una estrategia maestra general.

_En conclusión, la lucha por la autonomía, que comenzó en 2004, que fue constitucionalizada a la medida del MAS en 2009, ahora puede quedar en nada, ya que será el centralismo el que dé luz verde o ponga freno a los planes de las alcaldías o gobernaciones. A eso hay que sumar el componente político, mencionado varias veces por Luis Arce cuando era candidato, que les decía a sus bases que sería más fácil coordinar con ediles y gobernadores de su partido.



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