Cara a cara

Dircabi tiene los días contados. El Ministerio de Gobierno está elaborando una norma para eliminar esa dirección que se convirtió en antro de la corrupción. Quiere reemplazarla por otro organismo para recepcionar, custodiar, conservar y administrar adecuadamente bienes muebles e inmuebles incautados por delitos de narcotráfico para que no se sigan volatilizando como por arte de magia. Esos bienes debían monetizarse para su reinversión en la lucha contra el narcoflagelo. Una lucha en la que el país lleva hasta ahora las de perder. Aquel objetivo fue desvirtuado por funcionarios negligentes y corruptos que se sucedieron en la Dircabi. Que el remedio no resulte peor que la enfermedad.

El gobernador Luis F. Camacho y el alcalde Jhonny Fernández no hallan sosiego suficiente a menos de un año de estar en funciones. El denominado ‘decretazo’ incomoda a Camacho. Es resultante de una abortada sucesión, -cuando debió ser de mero trámite,- por ausencia temporal suya del mando departamental. Por un nuevo viaje al exterior y que se prolongará hasta el lunes, lo reemplaza, esta vez sin enredos y como corresponde, el subgobernador Mario Aguilera. El masismo también parece lanzado a la caza de Fernández porque un diputado azul buscará su revocatorio. Lo considera ‘incapaz’ para el ejercicio del cargo y aliado de la “vieja rosca” de la pasada administración municipal. En ambos casos, el sesgo político entorpece la gestión en perjuicio de los ciudadanos.