Opinión

CARA A CARA

8 de mayo de 2022, 4:00 AM
8 de mayo de 2022, 4:00 AM

En un país es fundamental el desarrollo y la solidez de sus instituciones. Su buen funcionamiento depende no solo de la claridad de su normativa y de los recursos con que cuentan para cumplir su tarea. Es de suma importancia el grado de preparación y compromiso de las personas vinculadas a ellas. De quienes las dirigen y/o conducen. La meritocracia es prenda de garantía, particularmente en la función pública donde, no obstante, prevalece o se impone otro tipo de condiciones. Como la filiación política por sobre los requisitos indispensables de idoneidad y eficiencia.

Desde hace un largo tiempo y por razones diversas, Bolivia registra una aguda crisis de institucionalidad que afecta la administración del Estado y el crédito de sus reparticiones porque no están en manos de los mejores. De los más aptos y capaces para garantizar el desempeño de entidades estatales en provecho de los ciudadanos que las sostienen y que, a cambio, deberían recibir las mejores prestaciones.

La Defensoría del Pueblo y una elección tortuosa en la ALP, la renuncia bajo presión aparente de una vocal del TSE, autoridades envueltas en escandalosos hechos y la debacle de la Policía por el manoseo político y la corrupción que la corroe, representan, con matices parecidos, casos emblemáticos de una crisis institucional y de valores que debilita al país, daña la calidad de su democracia y el proclamado ‘bien vivir’. Hace falta mucha conciencia y determinación para restaurar, sin más pérdida de tiempo, la maltrecha salud de la institucionalidad boliviana.