Opinión

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Cara a Cara

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23 de junio de 2022, 4:00 AM
23 de junio de 2022, 4:00 AM

La sensación de inseguridad recibe ayuda del Estado. No se puede entender de otra manera la decisión del juez de Guarayos de liberar a Paulino Camacho, identificado por las víctimas como uno de los más violentos secuestradores y torturadores de policías, trabajadores agrarios y policías en el predio Las Londras, en octubre del año pasado. Hay que recordar que la captura de este hombre se produjo en medio de un nuevo ataque armado a policías en San Julián. Además, él ha sido reconocido por quienes estuvieron varias horas golpeados y amenazados, cuando un grupo de toma tierras agredieron a los reporteros que llegaron al lugar para registrar la toma del predio.

 Cuando se produjo la agresión fueron más de 70 personas, entre hombres y mujeres, quienes agredieron a las 17 víctimas. La Policía y la Fiscalía solo consiguieron que dos de ellos puedan ser presentados ante un juez cautelar, mientras que ayer una autoridad del Poder Judicial liberó a Paulino Camacho. Con esto, ese juez demuestra que más valen las presiones políticas que la búsqueda de la verdad y la sanción a quienes cometen una falta.

El solo hecho de que hayan predios agrarios tomados por colonos ya genera inseguridad; mucho más si quienes invaden usan armas, capuchas y se atreven a secuestrar y a torturar a ciudadanos que trabajan honestamente.  Esa es la inseguridad en la que se vive en Bolivia. Lamentablemente, el Estado y las autoridades llamadas a defender a la población hacen caso omiso de esa responsabilidad, se olvidan de que Bolivia es de los bolivianos y son genuflexos ante el poder de turno.

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