Opinión

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Cara a Cara

14 de agosto de 2022, 4:00 AM
14 de agosto de 2022, 4:00 AM

Durante casi toda la semana, la Policía estuvo en el ojo de la tormenta por el recurrente uso desproporcionado de la fuerza y por el trato prepotente y autoritario, como el dispensado en La Paz a un parlamentario al que incluso se hizo caer después de que se le arrebatara su celular. O la intimidación a una jovencita advertida con arresto porque no portaba su cédula de identidad. Tampoco pasó por alto la violenta represión en el conflicto entre cocaleros legales e ilegales y que se reprodujo en el Plan 3000 en Santa Cruz, donde durante el paro por el Censo, los uniformados siguieron directrices de un diligente ministro ‘desbloqueador’ y conductor de grupos de choque lanzados contra ciudadanos pacíficos mientras las fuerzas del orden miraban hacia otro lado

 ¿A qué consigna, dirección o lineamiento responde el accionar de la Policía boliviana dejando de lado su obligación constitucional de brindar cuidado y protección a una comunidad desamparada? Incluso la ONU se pronunció preocupada por los excesos registrados exigiendo una acción constructiva de las autoridades, respetando el derecho a la protesta pacífica y exhortando al diálogo como camino para buscar soluciones a los conflictos.

 Con sospechoso tufo a dictadura cubana o venezolana, la violencia de los uniformados verde olivo se complementó con la exhibición pública de varios detenidos, en atropello inaudito de sus derechos constitucionales. Todo esto en supuesto Estado de derecho como el que en Bolivia proclaman, de dientes para afuera, torpes mandones de turno.

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