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Cara a Cara

13 de septiembre de 2022, 4:00 AM
13 de septiembre de 2022, 4:00 AM

Fiscales y policías están cometiendo acoso contra los familiares de Fernando Pacheco, exsecretario de Desarrollo Humano de la Gobernación de Santa Cruz. La madre, los hermanos, la niñera y hasta un hijastro fueron convocados a declarar, dizque en calidad de testigos, en una acción destinada a generar miedo y obligar a que el médico reaparezca. Hay una acusación de corrupción en contra del exfuncionario, pero no en contra de su familia, por lo que lo que se está haciendo en este momento se llama amedrentamiento. No es correcto que policías intercepten el vehículo de la madre, la obliguen a entregarlo, le digan que la llevan a su casa, la amenazan y finalmente la trasladan a la Fiscalía.

 ¿Por qué no se actúa de la misma manera en otros casos? El gobernador de Potosí está tranquilo, a pesar de que compró ambulancias ‘fantasma’ y con sobreprecio a una empresa que no existía hasta un mes antes de la adjudicación del contrato. ¿Por qué no se investiga y se convoca a declarar al ministro de Obras Públicas, responsable por lo que ocurre con los contratos para la construcción de carreteras? O, ¿por qué no se sabe nada del uso de vehículos del Estado para desbloquear con violencia las calles de Santa Cruz el día del paro? Tampoco hay noticias sobre la presencia en el edificio de la Alcaldía de personas ajenas, pese a que un secretario municipal dijo que fue un concejal ucesista el que los dejó entrar.

La ley no es pareja y la administración de justicia es un peligro. Severa, hasta rayar en el abuso contra los opositores, y demasiado blanda o inexistente cuando se trata de miembros o amigos del Gobierno del MAS.

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