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Cara a Cara

19 de octubre de 2022, 4:00 AM
19 de octubre de 2022, 4:00 AM

La cuenta regresiva avanza hacia su agotamiento. Se torna inminente, a partir de este fin de semana, el paro indefinido en Santa Cruz demandando el Censo de Población y Vivienda en 2023 y no un año más tarde como el Gobierno lo impuso vía decreto. Últimamente, importantes sectores como el del transporte urbano y pesado dieron un espaldarazo a la medida tras anunciar públicamente su acatamiento. Aunque débiles, se mantienen las señales de una solución dialogada entre las partes en pugna. Una pugna que puede superarse con voluntad, racionalidad y renunciamiento. Nadie quiere un paro por los perjuicios que acarrea. Menos cuando los bolivianos necesitan recibir cuanto antes, sin manipulaciones ni retrasos sospechosos, la información que debe recabar la gran encuesta nacional. La aplicación de los datos censales es reveladora de necesidades y requerimientos de las regiones.

La Iglesia católica ha ofrecido su mediación para promover “un diálogo verdaderamente sincero”. Todavía resuena el pedido del arzobispo cruceño René Leigue, que exhortó al Ejecutivo a no descargar su “ineficiencia” sobre Santa Cruz y procurar el entendimiento sin amenazas como las lanzadas por un par de ministros como quien echa gasolina al fuego. La solución está en manos del presidente Luis Arce porque es de su responsabilidad, -por el efecto rebote de la muy mala gestión del INE, el embrollo en el que se introdujo al proceso censal. Un diálogo oportuno y amplio puede encontrar la luz al final del túnel y restaurar la paz y certidumbre que con urgencia necesita el país.

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