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Cara a Cara

22 de enero de 2023, 4:00 AM
22 de enero de 2023, 4:00 AM

Cuando está por cumplir dos años privada de su libertad por el putrefacto sistema de administración de la justicia en Bolivia, la expresidenta Jeanine Áñez ha decidido no participar en próximas audiencias judiciales que, en su caso, sean convocadas. Ella ha optado por precautelar su salud, convencida de que cualquier recurso que plantee su defensa, será rechazado como desde el primero ha venido ocurriendo sin resultado distinto.

 Bajo el régimen masista, la señora Áñez no tiene posibilidad alguna de acceder a un juicio de responsabilidades que corresponde a su investidura. Entonces ha tomado una decisión razonable porque el ‘fiscalato’ desvergonzado apunta únicamente a ampliar el periodo de su injusta reclusión en Miraflores. Y es improbable que el vicepresidente del Estado y cabeza de la ALP, David Choquehuanca, sea capaz de hacer cumplir la norma de juzgamiento especial que corresponde a quien fuera transitoriamente primera mandataria constitucional del Estado.

 La misma suerte ha empezado a correr el gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, a quien, tras maratónica audiencia virtual, acaban de ratificar su detención ‘preventiva’ en Chonchocoro tras ser rechazada, como era absolutamente previsible, la apelación formulada por su defensa. Casi al mismo tiempo, el Gobierno decidió no ampliar la misión de DDHH de la ONU en el país, dejando a la ciudadanía sin el amparo de un organismo imparcial que vigile el respeto a sus derechos humanos y apoye la reforma judicial. En este ámbito, el panorama es cada vez más sombrío.

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