Cara a cara

Diez años tiene la Ley 348 destinada a garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Una década sin avances. Los casos de violencia de género siguen estando entre los más altos del continente; los feminicidios mantienen las cifras en ascenso año tras año y el castigo a los culpables es bajo. Esa norma fue promulgada, en medio de mucha bulla mediática, después de que una periodista fuera asesinada por su pareja, ex policía y miembro de la Utarc, la unidad que asaltó y mató en el hotel Las Américas. Hanaly Huaycho sigue siendo el símbolo de la falta de justicia para las mujeres que son víctimas de violencia machista.

¿Qué es lo que sigue pasando? Hay negligencia en la Policía, Fiscalía y en los juzgados. Unos hombres irrumpieron en una vivienda e intentaron abusar de una niña; cuando la familia acudió a denunciar el caso, los agentes dijeron que, si la violación no se había consumado, no había qué investigar. Pidieron que la pequeña acuda a dar su testimonio, con lo que sería doblemente victimizada. En otros casos, a las mujeres les dan a entender o les dicen que “algo hicieron” para provocar el abuso, sin contar las veces que ellas deben repetir su testimonio o que deben peregrinar en busca de un forense para que les crean la agresión. Entre tanto, los agresores vuelven a someter a sus víctimas, las amenazan, las golpean y terminan matándolas.

Diez años después de la promulgación de una norma que debía cambiar la realidad de violencia contra la mujer, Bolivia está igual o peor que en ese momento. Un fracaso para el Estado y para la sociedad.