Cara a Cara
La educación gratuita debería ser un derecho en Bolivia, según el mandato de la Constitución. Pero los hechos muestran otra realidad. Los padres de familia de colegios fiscales de Santa Cruz de la Sierra tienen que financiar Bs 18 millones al año, con dinero de su bolsillo, para pagar a maestros porque los ítems que da el Estado no alcanzan. Si los padres no ponen su aporte, los estudiantes no podrían acceder a la educación en todos los niveles. Eso desmorona los discursos que hablan de priorizar la educación.
En cambio, también por información oficial, se sabe que el Gobierno utilizará al menos 6 millones de bolivianos para pagar la construcción de sedes sindicales de los grupos sociales afines al MAS. Esta ‘inversión’ es política y parece buscar la suma de lealtades a favor de Lucho Arce y en contra de Evo Morales en el MAS. Ese es un tercio de lo que Santa Cruz de la Sierra necesita al año para pagar a maestros y ayudar a que la educación sea gratuita. A los 6 millones destinados a los sindicatos hay que sumar lo que cuestan los viajes de miembros de esas organizaciones del Pacto de Unidad a destinos fuera del país o las vagonetas último modelo que se entregan a los dirigentes en los aniversarios de sus sindicatos.
La imposición de una nueva currícula fue la mecha. Pero, a medida que fue pasando el tiempo, se fue destapando la carencia de recursos destinados a la educación, supuesta prioridad del Estado. Es un sinceramiento importante, solo para saber que, muchas veces, entre el discurso y la realidad hay un profundo abismo.
