Cara a Cara

El Gobierno ha decidido controlar el contrabando de combustible hacia el extranjero. El objetivo es disminuir el monto destinado a la importación de diésel y gasolina, tomando en cuenta que ambos carburantes están subsidiados y que ese subsidio es demasiado alto, y que el país ya no tiene bolsillos gordos para financiarlo. Es bueno que se luche contra la ilegalidad, por supuesto, eso nadie lo puede negar. El problema es que, al hacerlo, se pone restricciones a la compra de combustibles para sectores productivos, que necesitan importantes volúmenes para maquinaria agrícola y vehículos que transportan los alimentos.

En cambio, no hay una lucha decidida contra el contrabando de vehículos indocumentados, que incrementa el parque automotor, con vehículos que demandan cada vez más combustibles. Los operativos de las FFAA no son suficientes y las fronteras son perforadas por los famosos ‘chuteros’, quienes, lejos de estar arrinconados, ostentan sus ganancias con fiestas multitudinarias y con un despilfarro del dinero que obtienen de la ilegalidad.

No es que el Gobierno no lo sepa. Ayer un ministro de Estado admitió que gran parte del combustible consumido en el país se destina a actividades ilegales: minería informal, narcotráfico y tránsito de vehículos indocumentados, especialmente en provincias. La pregunta obvia es: ¿por qué no atacar estos movimientos al margen de la ley en vez de seguir afectando al sector agropecuario? No hay que olvidar que las exportaciones no tradicionales son importantes para la economía nacional. Son acciones gubernamentales que no tienen lógica económica y ahí sí parece cumplirse lo que dijo el nuevo presidente de la Cainco: “La política le ganó a la gestión”.