Dos parques nacionales han sufrido, en menos de un mes, la destitución intempestiva de sus directores ejecutivos. En el primer caso, Andreina Tolavi fue cesada de sus funciones en el Parque Nacional Amboró. Su ‘pecado’ fue haber denunciado la existencia de 20 hectáreas de plantaciones de coca en el lugar y expresar, además, su preocupación por el apogeo indesmentible del narcotráfico en el país. La ejecución atroz de dos hombres registrada últimamente en las poblaciones benianas de Santa Ana de Yacuma y Rurrenabaque, ha sido relacionada, por sus características, con ese flagelo de la humanidad que azota a Bolivia.

Un segundo caso es el de Luder Jiménez, ingeniero forestal que por seis años prestó servicios en la Administración de Bosques y Tierra y dos en el Tribunal Agroambiental. Estaba por cumplir tres años a cargo del Parque Nacional Tunari en Cochabamba. Hasta que recibió el ‘memo’ extendido por el Servicio Nacional de Áreas (des) Protegidas (Sernap) con la firma de su director Johnson Jiménez. El destituido funcionario dijo desconocer los motivos de su alejamiento, aunque en las últimas semanas sus llamadas para coordinar tareas no eran respondidas por el Sernap. ¿Su salida ya estaba decidida?

Ante hechos sin explicación ya consumados, el ministro de Medio Ambiente y Agua, Rubén Méndez, de cuyo despacho depende el Sernap, debería despejar las dudas razonables sobre la administración, el control y cuidado de parques nacionales y reservas forestales que están en el foco de avasalladores y narcotraficantes, su principal amenaza.