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16 de enero de 2024, 3:00 AM
16 de enero de 2024, 3:00 AM

El poder de la Constitución. El 12 de diciembre, los magistrados del TCP decidieron prolongar su permanencia en sus cargos a través de la “declaración constitucional” 044/2023. No fue una sentencia, pero esta “decisión” alcanzó a las 26 altas autoridades del Órgano Judicial. Todo esto a pesar de la finalización del “mandato” de seis años que les fue conferido a través del voto ciudadano. Pasaron las fiestas de fin de año y esta semana comenzaron las primeras protestas sociales para rechazar la llamada “autoprórroga” y exigir la convocatoria a elecciones.

 Los mandatarios. El Artículo 7 de la Constitución señala que “la soberanía reside en el pueblo boliviano y se ejerce de forma directa”. Además, “es inalienable, inembargable, indivisible, imprescriptible e indelegable” porque de esa soberanía “emanan las funciones y atribuciones del poder público”.  Varios constitucionalistas señalaron que “ese mandato” fue vulnerado con la “declaración” de diciembre. Es decir, vencido el plazo del recién pasado 31 de diciembre, estas autoridades ya no tienen mandato alguno que derive del soberano.

 El bien mayor. Frente a ese razonamiento, el ministro Iván Lima dijo que la administración de justicia no puede detenerse. La “declaración” del TCP se asienta en jurisprudencia, pues en 2019 las principales autoridades políticas del país se prorrogaron hasta las elecciones de octubre de 2020, cuando se reconfiguró el mandato del soberano. Ahora bien, en este caso hace falta esa voluntad para llevar a cabo esas elecciones judiciales y “salir del pecado”.

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