Cara a Cara

Rosario, capital de la provincia Santa Fe, es la tercera ciudad más poblada de Argentina. Localizada al centro-este, registra más de un millón cien mil habitantes. Viene soportando una inédita ola de violencia que últimamente se cobró la vida de cuatro civiles: Dos taxistas, un chofer de ómnibus y el empleado de una estación de servicio. Al azar, fueron eliminados por sicarios del narcotráfico en respuesta brutal al endurecimiento de las condiciones carcelarias que afectan a sus líderes y que han amenazado con elevar a 300 las muertes de esas características.

Ante el peligroso desborde, el presidente Javier Milei dispuso el envío de policías federales para reforzar la lucha contra el crimen organizado en la capital santafesina. Lo hizo tras atribuir el ajusticiamiento de ciudadanos inocentes a “un grupo de narcoterroristas desesperados por sostener el poder y la impunidad. No vamos a dejar de perseguirlos porque sabemos que son ellos o nosotros”, subrayó con firmeza elocuente.

 El gobernador de la provincia, Maximiliano Pullaro alejó a su familia tras recibir numerosas amenazas contra su vida por su política de mano dura, en la ciudad que registra la peor tasa de homicidios en Argentina: 22 por cada 100.000 habitantes, cinco veces más que el promedio nacional. Según Pullaro, los presos de “alto perfil” buscan recuperar privilegios como el uso de celulares, visitas íntimas ilimitadas y sobre todo, organizar y cometer delitos desde la cárcel. Por pelos y señales, nada que nos sorprenda ni espante a los bolivianos si convivimos con la misma lacra.