Cara a cara
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En Paraguay, hace más de 25 días, los conductores de 440 cisternas que transportan combustibles a Bolivia, soportan un drama angustioso: No pueden recibir su carga supuestamente a raíz de una deuda que YPFB mantiene con proveedores en el vecino país. Para desgracia mayor, se ha informado sobre la muerte de cinco choferes por causa de la dureza extrema de su obligada permanencia en un lugar inhóspito, bajo las inclemencias del tiempo, sin dinero para alimentarse ni servicios básicos.
La estatal petrolera ha rechazado la versión y deslinda su responsabilidad argumentando que se trata de “un asunto entre privados.” Que las empresas importadoras que envían a los transportistas hasta los centros de suministro (Paraguay, Perú Argentina o Chile) lo hacen sin tener “una orden oficial” de Yacimientos. Sin dicha orden, ningún transporte debe movilizarse. Que quienes no observan el trámite lo hacen “para ganar tiempo” recibiendo su carga antes que otros. “Estamos amenazados, sin servicios básicos, nos tratan como esclavos”, se quejaron los cisterneros inmovilizados en Paraguay y advertidos con perder su contrato si abren la boca.
En tanto, el Estado boliviano mira hacia otro lado cuando debe velar por el respeto de los derechos de sus ciudadanos. El derecho a una vida digna y a su seguridad, entre los principales. No es solamente “un asunto entre privados.” La falta de sensibilidad y negligencia estatal se dejan sentir en el caso de 440 compatriotas que, abandonados a su suerte, viven un auténtico calvario más allá de las fronteras.
