Cara a Cara

 La burocracia estatal ha sido una pesadilla para todos los bolivianos. Los burócratas corruptos se aprovechan de la necesidad del ciudadano de obtener documentos, imponiendo trabas y extorsionando. Incluso en muchas oficinas públicas, el “pago de agilización de trámites” se ha convertido en una práctica institucionalizada. Ahora, el Gobierno central quiere librar al ciudadano de semejante esquema perverso, aunque solo en Derechos Reales, que ahora depende del Consejo de la Magistratura. Esa es una de las justificaciones del cuestionado Decreto Supremo 5143.

¿Goza de credibilidad este propósito de hacer eficiente Derechos Reales? En estos tiempos de dificultades económicas, el ciudadano estará susceptible si el Gobierno comienza a hurgar el tema de la propiedad privada. Las corrientes nacionalizadoras del pasado no caerán bien si se percibe que pueden afectar al patrimonio propio. Y el mencionado decreto contiene elementos que despiertan estas susceptibilidades.

Por ejemplo, el extenso decreto hace referencia al texto constitucional que establece que “toda persona tiene derecho a la propiedad privada… siempre que ésta cumpla una función social”. Los agricultores y ganaderos ya saben lo que se siente cuando un burócrata iluminado debe definir si sus tierras cumplen una función social. Ahora será interesante ver cómo definen la función social de una vivienda urbana. Y quién la define. Según la nueva norma, la “Instancia Competente Nacional del Registro de Derechos Reales” establece directrices y lineamientos en coordinación con el Consejo de la Magistratura. Juzgue el lector quién tiene el verdadero control.