El tema es recurrente. Y tiene que ver con la ocupación arbitraria y abusiva de los espacios públicos que tienen a Santa Cruz de la Sierra, la principal ciudad del país, convertida en tolderío interminable, en gigantesco mercado persa, con sus calles, avenidas, aceras y áreas verdes ocupadas por legiones de comerciantes informales que nomás le han doblado el brazo a la autoridad. En este sentido, los esfuerzos del Gobierno municipal no parecen suficientes o se esterilizan porque los invasores de esos espacios tardan menos en reasentarse que en ser desalojados por la Gendarmería cuyos operativos derivan, en algunos casos, en violencia que genera la resistencia de quienes hacen caso omiso a prohibiciones y advertencias.
Hace algunos años se ejecutaron largamente esperados y costosos planes de reordenamiento urbano. Se logró en parte el objetivo con el traslado de grandes mercados como La Ramada y Los Pozos por los problemas que ocasionaba su funcionamiento descontrolado. Pero en sus antiguas ubicaciones, el caos ha vuelto a imponerse porque la informalidad creciente con sus puestos de venta, además del paso de los peatones, obstaculiza el tránsito de vehículos. Los infractores que suman decenas de miles alegan su derecho al trabajo para ganarse el sustento diario. El argumento es válido siempre y cuando en el ejercicio de ese derecho no sean desconocidas y/o desacatadas las normas que garantizan la convivencia armónica en una ciudad ordenada, segura y limpia. Tal como lo anhela desde hace tiempo largo el vecindario cruceño.