Cara a cara

La ilegalidad goza de buena salud y hasta robustece el músculo en el país. Tal la relacionada con el desvío de combustibles que llena los tanques de vehículos ‘chutos’, como se identifica a los que carecen de documentación legal para circular por territorio nacional. O para fomentar la extracción irregular de minerales, -oro principalmente-, en ríos cuyas aguas resultan contaminadas no obstante que abastecen del líquido vital a comunidades ribereñas y que, además, consumen los peces que se recogen de sus cauces envenenados por el mercurio. Aquel ‘beneficio’ igualmente alcanza a bidoneros y revendedores que hasta disponen de surtidores exclusivos para adquirir gasolina o diésel y que luego negocian y/o ‘contrabandean’ a precios más elevados, particularmente en zonas fronterizas.

El propio ministro de Hidrocarburos, Franklin Molina, ha realizado una revelación llamativa: En Bolivia, hasta el 80% del combustible mantiene ronroneando la ilegalidad en las actividades antes descritas. El problema es de vieja data y viene acompañado de la internación creciente y venta irregular de vehículos indocumentados, muchos robados de países vecinos (Brasil y Chile) a los que incluso se ofertan placas clonadas para que puedan transitar por el país o ser puestos a la venta en 69 ferias de `chutos’ que llegan hasta por una decena de rutas también ilegales. El Gobierno asegura que se han intensificado los controles en poblaciones fronterizas. Pero la ilegalidad parece desplazarse rauda e inalcanzable sobre ruedas.