Cara a cara

En diciembre de 2017, la Agencia de la Cooperación Internacional de Japón (JICA) entregó a la Gobernación, un proyecto para mejorar el transporte del área metropolitana de Santa Cruz, compuesta por los municipios de Santa Cruz de la Sierra, Cotoca, Warnes, El Torno, La Guardia y Porongo. Se pretendía una mejor conexión entre la capital cruceña y los municipios aledaños, con un sistema de transporte seguro, cómodo y moderno. Con ese proyecto realizado sin costo por la JICA, el Estado boliviano se ahorró $us. 8 millones.

Pero el costoso proyecto debe estar juntando polvo en algún sitio porque tras su posesión en mayo de 2021, el alcalde Jhonny Fernández anunció el ‘reordenamiento’ del caótico transporte público. Una de las primeras medidas reduciría dizque hasta un 40% el ingreso de micros al centro urbano. Se fijó, además, un plazo de 180 días para el registro de las líneas que prestarían servicio y fue dispuesto el retiro de los ‘cacharros’ para su reemplazo por unidades más grandes y modernas. En diciembre del mismo año, fueron retirados los cordones del frustrado BRT como parte del ‘reordenamiento’ comprometido.

Hoy, más de 100 líneas operan sin licencia y sigue el tira y afloja entre autoridades municipales y transportistas sobre el costo del boleto por un servicio que a los usuarios se presta en condiciones paupérrimas. No se ha vuelto a hablar del proyecto de la JICA ni avanzó un ápice el cacareado ‘reordenamiento’ del transporte público. Y el salto a la modernidad de la urbe cruceña sigue postergado sin fecha.