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Gigantescos hornos para producir carbón aparecieron en diversas regiones de la Chiquitania, lo cual significa una sola cosa: cada vez se está deforestando más en esa región de bosques cruceños, incluso dentro de áreas protegidas, según pudo constatar EL DEBER en un extenso reportaje de la periodista Silvana Vincenti que se publicó este fin de semana.

En el recorrido se evidenció la existencia de esas nuevas estructuras rústicas en el camino a San Juan de Lomerío, San Miguel, San José de Chiquitos, dentro del área protegida de San Rafael y con seguridad las hay en otras regiones que este medio no alcanzó a visitar.

Solo en la comunidad de Tajibal, del municipio de San Miguel, hay ocho hornos y cada uno de ellos tiene una capacidad de producir 320 bolsas de 50 kilogramos, es decir, 16 toneladas cada uno, lo que implica que esos ocho hornos producen 128 toneladas de carbón en los 23 días que dura el ciclo.

Durante ocho días se quema la leña, y en 15 días se deja enfriar el horno. Para la ‘alimentación’ de cada horno se necesitan seis camiones medianos de madera, según información recogida de los propios comunarios que se dedican a esa producción.

Según el cálculo de un profesional en temas forestales, para llenar un horno se debe desmontar nueve hectáreas, considerando un promedio de nueve árboles por hectárea. En otras palabras, solo esos ocho hornos de la comunidad Tajibal utilizan 72 hectáreas desmontadas cada 23 días, lo que en un año significa 1.142 hectáreas.

Si solo ocho hornos desmontan 1.142 hectáreas por año, hay que identificar la cantidad total que existe en la región para calcular la cantidad de bosques que se desmonta cada año para hacer funcionar este nuevo negocio de gran escala.

Los comunarios aseguran que ellos tienen la aprobación de la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT) para desmontar árboles, porque, aseguran, esa es su manera de aprovechar la madera para después destinar esas tierras a la producción agropecuaria.

La ABT tendría que informarle al departamento de Santa Cruz cuántas autorizaciones de producción de carbón ha firmado, cuántos hornos se dedican a esa actividad y finalmente cuántas hectáreas de tierras se desmonta anualmente para esta operación.

También se sabe que algunas autorizaciones firmadas por la ABT no se cumplen, como el caso de la comunidad La Avispa, en el área del municipio de San Rafael, que tiene permiso para desmontar 99 hectáreas, pero que hasta ahora ya utilizó 300 hectáreas para desmontar árboles que se convierten en carbón. De esas 300 hectáreas, 92 están dentro del área protegida de ese municipio.

Varias otras comunidades de la zona hacen tala indiscriminada de bosques para producir carbón de forma ilegal, pero la ABT parece no haberse enterado o quizá sí, y en ese caso estaría mostrando una actitud permisiva por razones políticas y de alianzas partidarias con los denominados interculturales.

Lo que parece claro es que el impresionante aumento de la cantidad de hornos -además gigantes- que se dedican a producir carbón va de la mano de los nuevos asentamientos en la zona: a más interculturales o campesinos que llegan a la Chiquitania, mayor es la cantidad de hornos de carbón vegetal.

La extracción desconsiderada de árboles para alimentar el negocio del carbón vegetal es otro rostro del problema de los asentamientos y en ocasiones avasallamientos por tierras en el departamento de Santa Cruz. Si a eso sumamos los incendios provocados de cada año, observaremos que el futuro de la región es tan negro como el carbón de esos hornos descomunales.

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