Caso Blas Valencia: Corte IDH sanciona a Bolivia por violación de derechos a 26 víctimas
El tribunal internacional responsabilizó al Estado por los abusos cometidos durante los allanamientos y detenciones de personas que no tenían relación con el atraco a un transporte de valores. Ocurrió en 2001
En un lapso de siete días, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió tres fallos en contra del Estado boliviano. La institución judicial hizo pública ayer una sentencia en el ‘Caso Valencia Campos y otros versus Bolivia’, señalando que el Estado es responsable internacionalmente de las violaciones a diversos derechos en perjuicio de 26 víctimas involucradas en los allanamientos y detenciones realizadas durante la investigación del atraco a una vagoneta que transportaba valores en La Paz, en 2001. El hecho fue perpetrado por el entonces coronel de la Policía Blas Valencia.
La Corte IDH concluyó que existe responsabilidad del Estado porque durante las investigaciones hubo vulneración de los derechos a la libertad personal, vida privada, domicilio, protección de la familia, al derecho de propiedad, integridad personal, derecho de la mujer a vivir libre de violencia, derechos de la niñez, derecho a la vida, a la salud, garantías judiciales, protección judicial, honra y dignidad, así como el deber de investigar actos de tortura y la violencia.
El tribunal consideró que los allanamientos nocturnos y las detenciones realizadas a personas que no estaban relacionados con el atraco son contrarios a la normativa constitucional vigente al momento de los hechos, y que, por el uso de fuerza desmedida, implicaron una violación de los artículos 7.1, 7.2 y 7.3 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, referidos a los derechos y libertades de las personas.
El excoronel Blas Valencia se encuentra condenado a 30 años de prisión sin derecho a indulto por asesinar a dos policías durante el robo de $us 385.000 de una furgoneta de Prosegur. El hecho ocurrió el 14 de diciembre de 2001.
Fundamentos del fallo
“Durante los allanamientos nocturnos se afectaron de forma desproporcionada los derechos de los niños y adolescentes, así como el derecho a la vida familiar. Las mujeres fueron víctimas de torturas sexuales durante sus detenciones”, explica la sentencia.
Además, advierte una violación al derecho a la integridad personal y el derecho a la vida de una de las víctimas, que murió a consecuencia de una falta de atención médica adecuada. Igualmente, una de las víctimas sufrió un aborto a consecuencia de la violencia sexual sufrida y no contó con atención médica adecuada, por lo que se consideró además una violación al derecho a la salud.
Se determinó que “varias de las víctimas fueron exhibidas a los medios de prensa como autores del atraco a la camioneta cuando ni siquiera habían sido objeto de una imputación formal, por lo que se consideró que se afectó el principio de inocencia”, indica el fallo.
Debido a estas violaciones, la Corte IDH ordenó diversas medidas de reparación al Estado, entre las que se cuenta la revisión de la sentencia condenatoria a las víctimas, el establecimiento de protocolos para la realización de allanamientos y otros actos de investigación judicial en donde estén presentes niños, niñas y adolescentes y el pago de sumas indemnizatorias a las víctimas.
A decir del abogado constitucionalista Williams Herrera, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos existen otras 40 demandas en contra de Bolivia por vulneración a los derechos humanos.
A su vez, el mayor retirado de la Policía y politólogo Waldo Panozo dijo que en el caso Blas Valencia no se investigó la relación del entonces coronel con otros jefes de mayor rango, ni de la protección política con la que contó.
