Opinión

Caso Terrorismo, una vergüenza judicial

3 de febrero de 2020, 3:00 AM
3 de febrero de 2020, 3:00 AM

Con el retiro de la acusación por parte del ministro de gobierno Arturo Murillo, el caso terrorismo-separatismo fue inducido a un estado de coma profundo, y tiene los días contados. El caso data del 16 de abril de 2009 cuando las fuerzas de seguridad ejecutaron en el Hotel Las Américas de Santa Cruz a Eduardo Rozsa Flores, Arpad Magyorosi y Michael Martín Dwyer, y procesaron a 39 personas inocentes, incluyendo aquellas que fueron chantajeadas y sometidas a procedimientos abreviados con tal de terminar su calvario.

Y tiene los días contados no solo por el retiro de la acusación que ha hecho el ministro (continúa la del fiscal), la falta y contaminación de pruebas y los abusos cometidos sino también porque las juezas ciudadanas han renunciado a sus cargos y denunciado que tenían que votar en línea lo que decidían en el gobierno de Evo Morales. Por su parte, el Ministerio Público no sabe qué hacer con su acusación, mientras los procesados exigen que se termine este caso, que nadie duda que fue “fabricado” por el gobierno del MAS para tener el control político y doblegar a la dirigencia de Santa Cruz y el oriente boliviano.

Sin embargo, como en este caso se han vulnerado las garantías básicas del debido proceso, el tiro de gracia podía ser con una acción de libertad precisamente para liquidar el caso y buscar el restablecimiento de esas garantías. A partir de la Constitución de 2009, esta institución amplía su naturaleza jurídica y protege el derecho a la vida, a la salud, a la libertad personal, la dignidad, entre otros. La Constitución (art. 125) y el Código procesal constitucional (arts. 46-47), establecen que toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de su libertad personal, podrá interponer acción de libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad.

La nueva configuración del histórico recurso de habeas corpus, ha supuesto una auténtica revalorización de esta figura, por cuanto ya no se limita a garantizar sólo la libertad y resguardar las formalidades legales en el desarrollo del proceso penal, sino que se ha convertido en una acción tutelar destinada a materializar los derechos humanos y contrarrestar los abusos del poder.

Este cambio transcendental se dio, en efecto, cuando el primer Tribunal Constitucional comenzó a interpretar los derechos fundamentales de conformidad con las normas previstas en los Convenios y Pactos Internacionales sobre Derechos Humanos, que conforman el bloque de constitucionalidad. El Tribunal desde un principio asumió la corriente del activismo judicial, y buscó la eficacia directa de los derechos fundamentales frente a la ley y demás actos y decisiones de las autoridades públicas y de los particulares.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya había establecido que el habeas corpus tiene por finalidad inmediata poner a disposición de los jueces la persona del detenido, lo que le permite a aquél asegurar si éste está vivo y no se encuentra padeciendo torturas o apremios físicos o sicológicos, o vulnerado sus derechos fundamentales.

La acción de libertad tutela de manera directa la libertad personal contra detenciones arbitrarias, y debe restablecer las garantías del debido proceso. Se trata de un mecanismo de defensa constitucional extraordinario de carácter preventivo, correctivo y reparador, instituido para la protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales.

El habeas corpus, en definitiva, ya no se limita a garantizar solo la libertad y resguardar las formalidades legales del proceso penal, como fue a lo largo de su existencia, sino que se constituye en una acción tutelar de trascendental relevancia para la protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales y las garantías reconocidas en la Constitución boliviana y los Convenios y Pactos Internacionales.

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