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Los partidos de la oposición en el Senado, Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos, se unieron para realizar una Petición de Informe Oral (PIO) al ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, para que explique el caso de las más de 30 operaciones irregulares de despegue y aterrizaje de avionetas que se realizaron desde el 10 de marzo en el aeropuerto de Chimoré, trópico de Cochabamba.

Los jefes de bancada en la Cámara Alta de CC, Andrea Barrientos, y de Creemos, Henry Montaño, enviaron una carta al presidente de esa instancia, Andrónico Rodríguez, suscrita también por los asambleístas Centa Rek, Claudia Égüez, Nely Verónica Gallo, Cecilia Requena, Silvia Salame, Santiago Ticona y Julio Romaña. En la nota oficializan la petición con 11 preguntas.

En los últimos días, circuló la información de que tras las elecciones subnacionales habría cambio de ministro en Obras Públicas. Para reemplazar a Montaño, se habla de dos personas: Mario Cronenbold, excandidato a gobernador de Santa Cruz por el oficialismo, y César Dockweiler, postulante a la Alcaldía de La Paz.

El hecho

El Aeropuerto Internacional de Chimoré estaba prácticamente inoperable desde hace dos años. Entre 2015 y 2019 se hicieron unos seis intentos para habilitar vuelos comerciales en la terminal aérea ubicada en el corazón de Chapare, pero nunca se produjeron los resultados esperados. 

Sin embargo, representantes del sindicato de Aasana denunciaron que el miércoles 10 de marzo el aeropuerto de Chimoré realizó 36 operaciones de aterrizaje y despegue de aeronaves, casi el doble de las que hace cada día el Aeropuerto Internacional de El Alto, en La Paz, que no supera las 20 por causa de la pandemia. Luego, informes de la torre confirmaron que fueron 34 operaciones, que se realizaron no en uno, sino en dos días.

El ministro de Obras Públicas desconocía la actividad. Al parecer, nadie le informó sobre el hecho. Por eso, el 11 de marzo solicitó información “en el día” al director Ruddy Balderrama, pero no recibió respuesta.

El 29 de marzo, Montaño oficializó su destitución. “Nos hemos documentado con todos los respaldos correspondientes que resguardan los derechos laborales del ingeniero (Ronny) Balderrama y puedo anunciar esta destitución por la irregular reapertura del aeropuerto de Chimoré”, dijo Montaño en rueda de prensa.

El sindicato de trabajadores de Aasana confirmó la destitución, pero lamentó que hasta el momento se espera que el presidente Luis Arce Catacora designe una nueva autoridad. “Montaño tiene la facultad de nombrar un interino, pero no lo ha hecho, estamos paralizados por ello”, dijo.

El exejecutivo de Aasana explicó los detalles de los vuelos del 10 de marzo en esa terminal aérea y en esa conferencia reveló que el ministro Montaño había pedido la reactivación del aeropuerto y por eso se tomaron las medidas.

La explicación fue que sin conocimiento de la máxima autoridad del ministerio, se realizaron operaciones aéreas de escuelas de pilotaje. El titular de Obras Públicas aseguró que sin ningún control de las fuerzas antidroga, mientras que su colega de Gobierno validó un informe policial que señaló que dos efectivos y un can realizaron el chequeo.

La petición

Los asambleístas plantearon 11 preguntas. Primero, requirieron información sobre cuál es el estado legal y administrativo del aeropuerto de Chimoré. Qué requisitos internacionales y nacionales necesita un aeródromo para obtener categoría internacional. Le pidieron al ministro del área copias legalizadas de todas las autorizaciones.

Le solicitaron que informe y documente cuáles son los requisitos necesarios, legales y administrativos que debe tener ese aeropuerto para obtener las autorizaciones para su debido funcionamiento. Si es que como autoridad realizó una inspección del Aeropuerto Internacional de Chimoré para confirmar su operatividad: “Remita actas, informes y documentos de respaldo”, le solicitan.

También qué atribución tenía el máximo ejecutivo de Aasana para llevar a cabo una apertura, reapertura o reactivación de un aeródromo de la Dirección General de Aeronáutica Civil o del despacho ministerial, como cabeza de sector. Si no tiene respaldo, el PIO solicita que informe qué acciones legales se iniciaron contra la exautoridad y otros funcionarios “en el entendido de la comisión de delitos tipificados en el ordenamiento legal”.

Consultaron también si el ministro de Obras Públicas tenía conocimiento de las operaciones realizadas el 10 de marzo, y los días siguientes, con este detalle: “Nombre de las líneas aéreas, matrícula y características de cada una de las aeronaves que aterrizaron en la pista de ese aeropuerto; el origen y el destino de cada una de ellas, nombres completos de los tripulantes, de los pasajeros, relación de la carga de cada aparato, datos del personal que realizó el control en el aeropuerto, de los bomberos, de seguridad de la terminal, cantidad de efectivos de la Felcn y plan de vuelo”.

Pidieron también que Montaño informe con cuántas empresas o escuelas nacionales e internacionales para formar aviadores civiles se suscribieron acuerdos, con detalle de cada una de ellas. Si es que civiles se encuentran autorizados a utilizar el aeropuerto. 

Finalmente, si el aeropuerto cuenta con equipamiento adecuado para actividades de control de la Dirección Nacional de Migración, Aduana, Servicio Nacional de Sanidad Animal y Vegetal, Felcn, Policía, Aasana, DGAC y otras entidades estatales.


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