Censo: no están en riesgo ingresos municipales
Los municipios rurales no debieran oponerse al Censo por miedo a que disminuyan sus ingresos a causa de la reducción de habitantes, puesto que la forma de distribución per cápita de recursos hoy es ya contraria a la Constitución.
En 2013, tras la publicación oficial de los datos del Censo 2012, el Gobierno central estableció el factor de “distribución de recursos de Coparticipación Tributaria” (DS 1672), con base en la cantidad poblacional (per cápita), donde en cinco departamentos del país los municipios rurales vieron reducir sus recursos incluso hasta en un 10%, a causa de la migración. Naturalmente, ellos esperan que se haga lo propio luego del Censo que estuvo programado para este año y que el 13 de julio se pospuso para el 2024. Eso generó serias preocupaciones, lo cual llevó a los municipios a solicitar tal postergación.
Sin embargo, no tendría que haber tal preocupación, ya que la Constitución (CPE) manda a que la distribución de recursos a los gobiernos del Estado sea considerando: 1) las necesidades de mejora de la calidad de vida en el territorio boliviano determinadas con base en el Censo y otros estudios estadísticos oficiales (arts. 316.7, 306.V, 313, 321.II y otros); 2) la asignación de competencias a las tres escalas de gobierno, según corresponda atender esas necesidades identificadas (art. 305); y 3) la capacidad de recaudación que cada gobierno tiene en función de los dominios tributarios asignados (art. 323). Es decir que, la distribución, debe ser proporcional con esos tres aspectos.
Eso que dice la CPE resulta coherente. Ciertamente no basta con saber cuánta gente vive en un territorio (cantidad), sino, sobre todo, las condiciones en las que vive (calidad). Por otro lado, en función de los compromisos internacionales de Bolivia con los derechos humanos, el Estado está obligado a garantizar la igualdad. Esta, en definitiva, no se puede lograr sin aplicar la equidad (proporcionalidad) como método de gestión.
Por ello, los municipios rurales no tendrían que estar peleando por sus límites territoriales ni estar preocupados por los resultados poblacionales del Censo, sino más bien por que el mismo refleje las necesidades de sus territorios. Lo siguiente que deben hacer es recurrir al Tribunal Constitucional para que este obligue al Gobierno central a asignar los recursos de la forma que manda la Constitución.
