Censo: Transporte pesado cierra las fronteras por veto a exportaciones y profundiza el conflicto

El escenario sigue tenso en Bolivia. La crisis generada por la demanda de un censo en 2023 ha afectado al sector económico nacional. A las pérdidas generadas por el paro indefinido al que convocó el Comité Interinstitucional, se sumaron la suspensión de las exportaciones, — decidida por el Gobierno — y la falta de combustibles para las industrias, que han atizado todavía más el conflicto. Ahora la situación se aviva más, ayer el sector del transporte pesado anunció el cierre de las fronteras para la importación si la administración del presidente, Luis Arce Catacora, no levanta el veto al comercio exterior.

El cierre de las zonas fronterizas es inminente dado que el Gobierno mantiene su postura de suspender las exportaciones de productos no tradicionales como la soya, el azúcar, carne, soya y sus derivados, hasta que se levante el paro indefinido, que desde hace siete días se acata en el departamento de Santa Cruz.

Alfredo Borja, presidente de la Cámara Boliviana de Transporte Nacional e Internacional, confirmó que el cierre de frontera será escalonado. Los primeros puntos que cerrarán son Desaguadero y Pisiga.

Ayer, los transportistas decidieron bloquear Tambo Quemado impidiendo el ingreso de mercadería de importación. El sector aseguró que la medida adoptada por el Gobierno es perjudicial y anunció un paro indefinido.

Los transportistas fueron claros, así como el Gobierno no deja exportar ellos bloquearán la importación de todos los productos que pasan por las fronteras.

La determinación se veía venir. En la mañana, la Asociación de Transporte Pesado Internacional emitió un comunicado donde los integrantes de esa organización, en coordinación con las instituciones del transporte pesado a escala nacional, se declararon en emergencia y en movilización “por las medidas asumidas por el Gobierno del MAS de restringir las exportaciones de derivados de la soya, carne y azúcar, provenientes de Santa Cruz”.

Además, aseguraron que este veto no afecta solo a la región oriental sino a todo el país. “No solo los transportistas de Santa Cruz tienen sus fuentes de trabajo en la exportación de productos de origen cruceño, sino también el transporte de Cochabamba, La Paz, Oruro y Chuquisaca, departamentos que dependen de las exportaciones hacia Chile y Perú”, indicaron en la nota. 

Desde Cochabamba, los transportistas aseguraron que la medida del Ejecutivo “nos están coartando el derecho al trabajo”.
“Se ha determinado dar un plazo de 24 horas, (para levantar las restricciones) porque nos quitan el trabajo a todos. Según el ministro de Desarrollo Productivo la medida es para garantizar el abastecimiento y eso es falso”, señaló Héctor Mercado, dirigente del sector de esa región.

En declaraciones a la Red Erbol, Gustavo Rivadeneira, representante de la Cámara de Transporte Pesado de la ciudad de El Alto, informó que más de 1.000 camiones con carne de res, soya y sus derivados están varados en las fronteras a raíz de la prohibición temporal impuesta por el Gobierno.

El dirigente pidió a la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) que esos productos puedan salir del país.
En Desaguadero, frontera entre Bolivia-Perú, según Rivadeneira, hay unos 400 camiones con los productos. Y en Tambo Quemado y Pisiga, límite fronterizo entre Bolivia y Chile, hay más de 600 vehículos con las mercancías que el Gobierno prohibió exportar. 

Reacciones al veto

Bajo el argumento de garantizar el abastecimiento interno, el miércoles el Gobierno suspendió temporalmente la exportación de grano de soya, torta de soya, harina de soya, azúcar, aceite y carne. Las reacciones de parte del sector empresarial no se hicieron esperar. Diferentes gremios cuestionaron la medida, que más allá de perjudicar a los empresarios, afecta al Estado que deja de recibir más divisas para robustecer las Reservas Internacionales Netas (RIN).

Desde la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) indicaron que la suspensión es un atentado contra el sistema productivo y toda su cadena de valor. 

Es más, sostienen que el mensaje carece de veracidad, dado que los productos exportados son excedentarios, no comprometen al mercado interno. “Las exportaciones del sector agropecuario en este 2022 llegan a $us 3.111 millones, cifra al mes de agosto, superando ampliamente las exportaciones del mismo sector en 2021”, indicaron.

Desde la CAO afirmaron que en los productos prohibidos hay excedentes. Por ejemplo, en soya el 80% se industrializa y se exporta.
“Solo el 20% restante es para el mercado interno y el mayor porcentaje es para la alimentación de animales. Caso similar ocurre con el azúcar y en porcentajes menores, pero igualmente importantes, con la carne de res”, dijo la CAO. 

Desde la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) calificaron de injusta y política la decisión. Anticiparon “graves consecuencias sobre la economía nacional” porque la medida pone en tela de juicio la seriedad del país en el ámbito internacional.

Manifestaron que la determinación del Gobierno daña a los productores pequeños, medianos y grandes “que, sin ninguna razón, ven arriesgadas la sostenibilidad de sus fuentes de trabajo y sus inversiones; reflejando también la falta de voluntad para dar fin a un conflicto ajeno a los sectores productivos”.

Luis Barbery, presidente de la CEPB, calificó esta decisión de contradictoria porque con el argumento de garantizar estabilidad económica, se termina perjudicando la generación de divisas.
“Es inexplicable, porque es como dispararse a los pies. El Gobierno necesita urgentemente todas las divisas para fortalecer nuestras reservas internacionales netas y, en este caso, si no exportamos hay una fuente menos de ingreso de divisas”, dijo.

La Cámara de Exportadores, Logística y Promoción de Inversiones de Santa Cruz (Cadex) y la Cámara Nacional de Industrias Oleaginosas de Bolivia (Caniob) también cuestionaron la norma.

Osvaldo Barriga, presidente de Cadex, indicó que la decisión es más política que técnica y afecta a más de 14.000 agricultores que producen soya, de los cuales el 80% son pequeños productores que tienen cada uno 50 hectáreas. 

“Se estima que en toda la cadena de la soya se generan 150.000 empleos directos e indirectos, que no solo están en Santa Cruz, sino en todo el país”, dijo.

Solo el sector agroindustrial cañero, según Barriga, representa 225.000 empleos directos e indirectos en toda su cadena productiva y de servicios conexos.

Jorge Amantegui, presidente de la Caniob, dijo que es el Gobierno es el que a principio y mitad del año, define las asignaciones para el mercado interno y que las industrias las cumplen, porque de no hacerlo no obtienen los permisos para exportar el excedente. 

“Los subproductos de la soya (harinas, cascarilla y aceite) están en los almacenes; si no llegan al interior del país es a consecuencia de los conflictos sociales, en especial el cerco a Santa Cruz”, dijo.

El ministro de Desarrollo Productivo, Néstor Huanca, cuestionó que el sector hable solo cuando se estableció la prohibición temporal y no así durante los primeros días de paro cívico que afecta a las personas más humildes.

“Recién se pronuncian, ¿por qué no lo hicieron en su momento? cuando empezó el paro que afecta a toda la población”, observó e insistió en que la suspensión temporal busca garantizar el abastecimiento interno.