18 de julio de 2022, 4:00 AM
18 de julio de 2022, 4:00 AM


El Gobierno de Luis Arce ha postergado el Censo de Población y Vivienda, que estaba previsto para el 16 de noviembre de 2022. Esta decisión desnuda no solo la incapacidad gubernamental sino también el menosprecio por lo que debe ser una política de Estado (no del Gobierno) y un compromiso con la Organización de las Naciones Unidas. Entre los argumentos del Gobierno figura la pandemia, cuando esta realidad exige, con urgencia, conocer cuál es la nueva fotografía de Bolivia para definir las políticas públicas que sean necesarias y buscar contrarrestar las injusticias y los desequilibrios existentes.

La Cepal considera que uno de los retos para los próximos censos tiene que ver con la definición del cuestionario censal, tanto por los ajustes que será necesario hacer a algunas preguntas o conceptos implícitos como por la incorporación de nuevas preguntas que permitan captar mejor el impacto de la pandemia y arrojen luz sobre las políticas de mitigación y reparación (Observatorio Demográfico, América Latina y el Caribe, 2021). El Instituto Nacional de Estadística (INE) tiene que resolver los desafíos impuestos por la necesidad de incorporar nuevas preguntas a los formularios censales para atender solicitudes de distintos sectores gubernamentales y de la sociedad y por las limitaciones presupuestarias, en términos de monto y oportunidad que ponen en riesgo el desarrollo de un proyecto de la magnitud y complejidad de un censo de población y vivienda.

La decisión del Gobierno era previsible, pues no le conviene el Censo, porque en función de la nueva densidad poblacional tiene que hacerse una redistribución de los recursos del Estado y la representación política. El Gobierno central siempre rechazará esta reasignación de recursos públicos porque controla, según varios estudios económicos, el 88% del Presupuesto General del Estado y el saldo 12% se distribuye entre los gobiernos: departamental, municipal, regional e indígena originario campesino.

La necesidad de controlar y disponer de la mayor cantidad posible de los recursos público poscenso (50–50 es una propuesta de Santa Cruz), ha prevalecido en la decisión del Gobierno central. Tampoco se trata de la primera maniobra gubernamental. El Pacto Fiscal tenía que haberse realizado con la Ley Marco de Autonomías y Descentralización (LMAD) del 7 de julio de 2010. Esta Ley establece que el Servicio Estatal de Autonomías elaborará una propuesta técnica de diálogo para un pacto fiscal “analizando las fuentes de recursos públicos en relación con la asignación y el ejercicio efectivo de competencias de las entidades territoriales autónomas y el nivel central del Estado”.

El Pacto Fiscal tenía que concretarse “en un plazo no mayor a seis meses después de publicados los resultados oficiales del Censo Nacional de Población y Vivienda” de 2012. Lo primero que hizo el Gobierno central fue también retrasar la realización del Censo, con diferentes e inconsistentes argumentos. En febrero de 2015, el Gobierno central recién presentó su propuesta técnica, porque los resultados fueron rectificados y reprocesados en julio de 2014. En cualquier caso, no se concretó ni el primero de los cinco pasos de la propuesta del nivel central, para concluir con la aprobación del reglamento de funcionamiento y debates del Pacto Fiscal.

Lo cierto es que sin Pacto Fiscal no puede haber autonomía plena; es decir, sin recursos económicos no se puede avanzar en el proceso de democratizar el ejercicio del poder político. El Gobierno del MAS no se ha caracterizado precisamente por compartir el poder y muchos de los recursos conquistados por los gobiernos subnacionales, han sido confiscados por el nivel central.

En general, mientras el Gobierno nacional enarbola la autonomía y practica el centralismo -puro y duro-, las entidades territoriales se hacen las autónomas y parecen cómodas con la simple elección de autoridades y delegación de competencias, pero sin recursos económicos suficientes. El gran desafío sigue siendo cómo liquidar el viejo Estado centralista que no termina de morir, y cómo avanzar con el modelo autonómico que no terminar de despegar.

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