6 de septiembre de 2022, 4:00 AM
6 de septiembre de 2022, 4:00 AM

La contundente victoria del rechazo a la nueva Constitución chilena con una diferencia de 24 puntos porcentuales representa un duro golpe al Gobierno de Gabriel Boric, principal impulsor de los cambios, y muestra a un país temeroso de dar un salto a un modelo constitucional en el que no hubo consensos, sino imposición de las fuerzas de izquierda.

La propuesta de nueva Constitución chilena recibió la aprobación de solo el 38 por ciento de los electores, mientras el 62 por ciento votó por el rechazo. Ahora, por tanto, continúa vigente la Constitución aprobada en 1980, aunque el presidente Gabriel Boric ha anunciado que impulsará un nuevo proceso constituyente en acuerdo con partidos y sectores, de manera que se intente garantizar esta vez un consenso mayor que permita tener un resultado diferente en un nuevo plebiscito futuro.

‘Recojo este mensaje y lo hago propio; hay que escuchar la voz del pueblo’, dijo Boric cuando reconoció los resultados de la votación y en esa frase resumió una implícita admisión de que el texto rechazado en las urnas no fue producto de un acuerdo entre los diferentes sectores y tendencias de su país.

El texto ahora rechazado lo redactó una convención constituyente que estuvo dominada por los partidos de gobierno, una alianza de izquierdas en la que también participa el Partido Comunista, que en su primer artículo intentaba declarar a Chile como ‘un Estado social y democrático de derecho’, plurinacional, intercultural, regional y ecológico.

Esas expresiones hicieron recuerdo al también primer artículo de la Constitución boliviana actual, que declara que ‘Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías’. La comparación no es gratuita, porque estuvo presente en una parte del debate previo al plebiscito.

La propuesta intentaba también instaurar la paridad de género, el reconocimiento de la justicia de los pueblos y naciones indígenas, que por su libre determinación coexistiría en un mismo nivel de igualdad con el sistema nacional de justicia.

Tanto la condición de la plurinacionalidad como el reconocimiento de la autonomía y la justicia indígenas -ambos presentes también en la Constitución de Bolivia- despertaron mucha desconfianza en el electorado chileno, que vio en esos aspectos una amenaza a la unidad del país y la presencia de ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda por los supuestos privilegios que se concedía a los pueblos originarios.

Chile quiere cambiar su Constitución. De eso no hay duda y da fe el resultado de casi 80 por ciento de la votación de 2020 que se pronunció a favor de redactar un nuevo texto constitucional, pero no le gustó el texto propuesto.

En el resultado también influyó la paulatina pérdida de credibilidad que sufrió la Convención Constituyente que redactó el texto. Algunos estudios previos al plebiscito revelaron que una buena parte del voto de rechazo a la Constitución estaba asociado a una mirada crítica al trabajo de los constituyentes.

En pocas palabras, todo ha vuelto al punto cero en Chile. Si quiere una nueva Constitución que sea aprobada por el pueblo, su clase política tendrá que esforzarse en alejarse de las posiciones adoptadas y que fracasaron en las urnas, y acercarse más a las auténticas preocupaciones de la población, que como en todas partes tiene una agenda cotidiana muy distinta a la que llevan adelante los políticos.

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