China oculta detalles de acuerdos de inversión violando la Constitución
Por Joseph Bouchard, periodista
Entrevistas anónimas y documentos compartidos por funcionarios públicos, expertos y trabajadores de empresas chinas en Bolivia revelan que el Gobierno chino inserta cláusulas de confidencialidad en sus acuerdos de inversión con el Gobierno boliviano.
Las fuentes, algunas de las cuales tienen acceso directo al Gobierno boliviano y empresas chinas, detallan que las instituciones públicas, empresas y los trabajadores bolivianos tienen estrictamente prohibido compartir cualquier detalle sobre los contratos de inversión con la Asamblea Legislativa o el público, a menos que China lo indique específicamente. Los acuerdos son pactados por el Gobierno del MAS, encabezado por el presidente Luis Arce.
Los acuerdos, alegan, incluyen contratos de energía y minería, que son de particular relevancia para la estrategia sobre minerales críticos de China en América del Sur, así como acuerdos de financiamiento y construcción de infraestructura en la Amazonía boliviana y otras regiones.
Algunos de los acuerdos se firmaron inmediatamente después de los escándalos que vincularon a funcionarios del Gobierno del MAS de Evo Morales, en cuyo gabinete sirvió el actual presidente, Luis Arce, con el Gobierno chino.
La exnovia de Morales, Gabriela Zapata, formaba parte del directorio de la empresa pública China CAMC Engineering Company Ltd. en el momento en que se firmaron acuerdos para la construcción de plantas de energía entre el Gobierno del MAS y la CAMC. La CAMC acaba de estar involucrada en un nuevo escándalo de corrupción en Venezuela relacionado con el robo de fondos públicos.
En su entrevista con EL DEBER, una fuente argumentó que “todo está en la oscuridad con China”. Otras fuentes también alegaron que las actividades de minería de oro están siendo explotadas en secreto por empresas vinculadas al Gobierno chino.
Las cláusulas de confidencialidad ayudan a evitar que la información pase a ser el centro de atención. Dadas las tensiones geopolíticas en Bolivia y la región, China prefiere que esta información se mantenga en secreto, en línea con su estrategia de bajo perfil, lo que a su vez le permite firmar acuerdos sin temor a una reacción violenta.
De todos modos, las cláusulas entran en contradicción directa con la Constitución boliviana. La Constitución boliviana, creada por el MAS en 2009, garantiza el derecho del público y de la Asamblea Legislativa a la información que es crítica para los intereses del país y establece el derecho a la información a través de los Artículos 106, 107 y 242.
Otra fuente, en declaraciones a EL DEBER, afirmó que “no podemos hablar de acuerdos de los que no sabemos nada, no es así como se debe formular políticas”. Agregaron: “Esto no es inversión, es un mecanismo de dependencia”.
Las tensiones del Gobierno del MAS con la Organización de Estados Americanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como con Estados Unidos y Canadá -ninguno de los cuales tiene embajador en La Paz- también restringen la capacidad de la comunidad internacional para recabar información sobre la situación.
Además, a pesar del papel destacado de China en la gestión y financiación de la economía de Bolivia, se desconoce el alcance de las actividades financieras de Beijing en el país.
Las cláusulas dañan la capacidad del Gobierno boliviano para buscar inversión extranjera directa y financiamiento de otros países. Como parte de los acuerdos financieros confidenciales, China garantiza su propia exclusividad y restringe el poder de las contrapartes bolivianas para negociar los términos de los acuerdos o buscar financiamiento internacional externo.
China también se reserva la libertad de negociar los términos de los acuerdos en el momento que elije y restringe la capacidad de Bolivia para buscar negociaciones después de la firma, una libertad que no se otorga a otros países. El principio también va en contra del derecho comercial internacional, tal como lo dicta la OMC, de la cual son parte tanto China como Bolivia. Dado este entorno comercial hostil, otros países, a excepción de los aliados chinos como Rusia y Venezuela, son reacios a comprometerse con Bolivia.
Silvia Molina Carpio, Investigadora del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla) en La Paz, sostiene que “si esto se está haciendo en Bolivia, definitivamente se está haciendo también en otros países de América Latina, con total desprecio de la soberanía constitucional de la región”.
De hecho, según el Proyecto AidData del College of William & Mary en Virginia, China ha estado utilizando cláusulas de confidencialidad en más de 100 de sus paquetes de préstamos en todo el mundo en desarrollo, particularmente en América Latina.
Sin embargo, estas cláusulas se referían específicamente a los préstamos y sólo se relacionaban con la capacidad de los países para compartir información sobre los préstamos con acreedores y prestamistas externos. En este caso, los que se mantienen en la oscuridad son el Gobierno y el público del propio país. Se han encontrado pocos datos sobre Bolivia.
Molina Carpio continúa detallando que “algunas figuras en el Gobierno saben sobre esta situación, pero no revelarán nada ya que China es su fuente de ingresos y no querrían poner en peligro acuerdos por valor de miles de millones de dólares”.
El Dr. Evan Ellis, del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales en Washington, le dijo a EL DEBER que “esto subraya la naturaleza depredadora de las empresas chinas y la importancia para América Latina y otros socios de estar en la cima de su juego cuando negocian y revisan contratos”. Ellis agregó: “Destaca algunos de los peligros de, por así decirlo, los contratos de Estado a Estado, para garantizar que los países latinoamericanos, y no solo los socios chinos, terminen obteniendo el máximo valor posible de los acuerdos, y saben en lo que se están metiendo”.
Fuentes alegan que figuras del Gobierno, con algunos legisladores de la Asamblea Legislativa, conocen y avalan esta situación y aprueban los préstamos. Si es confirmado, esto sería una violación de la ley y la democracia bolivianas.
