Opinión

CIDH: prevenir, para no lamentar

29 de noviembre de 2020, 5:00 AM
29 de noviembre de 2020, 5:00 AM

Ya están en Bolivia los cinco “expertos internacionales independientes” enviados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, para investigar todos los hechos de violencia política registrados entre septiembre y diciembre del año pasado. Eso es lo que han dicho algunas voces oficiales, las que lamentablemente no han bastado para despejar las serias dudas que persisten sobre la honestidad en el compromiso, así como sobre la transparencia en el proceso que demandará al menos seis meses.

Efectivamente: las dudas sobre un informe justo y veraz no han logrado ser superadas ni por el discurso del canciller Rogelio Mayta, ni por las palabras del presidente de la CIDH, Joel Hernández, dados en el acto formal cumplido esta semana en La Paz, en el que el gobierno y la CIDH firmaron finalmente el Protocolo de un convenio suscrito el 12 de diciembre del año pasado (vale decir, durante el gobierno de Jeanine Añez). Y es así, por un par de contundentes evidencias que alimentan esas dudas.

Una de ellas está en el conjunto de declaraciones hechas por autoridades del gobierno de Luis Arce, a las que suman las de dirigentes y afines al MAS, direccionadas claramente a consolidar el relato masista de que lo que hubo en noviembre del año pasado fue un “golpe de Estado” y no un fraude electoral. Para ello es vital que el informe de la CIDH recoja de manera parcial testimonios y hechos, como lo demuestran al citar solo los casos de Senkata y Sacaba, excluyendo incluso aquí detalles obviados hasta por el Ministerio Público, como el tipo de proyectiles que provocó la muerte de dieciocho personas.

La otra evidencia está, paradójicamente, en la propia CIDH. La más irrebatible contenida en el primer informe que presentó en noviembre del año pasado, tras una visita que duró cuatro días y en los cuales los enviados de la CIDH solo fueron a La Paz, El Alto, Sacaba y Cochabamba, tal como recordó la propia relatora de País de la Comisión, Flavia Piovesan, al participar virtualmente de la firma del protocolo la semana que concluye.

Piovesan solo refirió “el uso arbitrario y excesivo de la fuerza” por parte de “policías y militares”, obviando la violencia vista en los bloqueos, quemas y marchas de los afines al MAS, en los que hubo uso de armas de fuego y de dinamita, como lo comprueban los hechos de Montero el 30 de octubre de 2019 y el cerco a buses que transportaban a mineros y estudiantes de Potosí hacia La Paz el 10 de noviembre del año pasado. En todos estos casos, como en la agresión violenta que sufrió Julio Llanos en El Prado, en la capital paceña, y que provocó su muerte, la CIDH omite identificar a los agresores como del MAS.

Página Siete publicó el 12 de diciembre del año pasado una nota en la que detallaba diez omisiones en ese primer informe de la CIDH, señaladas por expertos. Solo un punteo, por su valor informativo: no menciona el origen de la crisis, en febrero de 2016; ignora el factor Evo, instigador de los cercos y bloqueos; omite ir a Montero, donde hubo dos muertos por heridas de bala (eran cívicos, no afines al MAS); usa el artificio de “grupo de particulares” para referirse a los francotiradores que actuaron en Vila Vila (ruta Oruro-La Paz); pasa por alto el vacío de poder que vivió Bolivia entre el 10 y el 12 de noviembre de 2019, por la renuncia de Morales y otros funcionarios de su gobierno; omite también la quema de la casa de la periodista Casimira Lema; sí incorpora datos de la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, cuestionada por su afinidad con el MAS; no contempla la presencia de exguerrilleros como el argentino Facundo Molares (ex FARC) y Martín Serna Ponce (ex MRTA), ni de cubanos y venezolanos sorprendidos con armas y dinero; y menos lo visto en Senkata, donde afines al MAS bloquearon, dinamitaron y quisieron ingresar a la planta de YPFB, o los antecedentes en Sacaba, hasta donde se habían movilizado cocaleros de Chapare, con la intención de ingresar al centro de Cochabamba.

Traigo a la memoria este punteo, para ver si esta vez la nueva comisión de expertos de la CIDH se esfuerza en hacer un trabajo serio, objetivo y, sobre todo, responsable con el país y no alineado al relato oficial que pretende consolidar el MAS sobre los hechos ocurridos entre octubre y diciembre del año pasado. Una violencia desatada por el fraude electoral denunciado por la propia Organización de Estados Americanos, de la que es parte la CIDH.

Violencia que puede repetirse, habrá que advertirles a los cinco expertos en cuyas manos está, en gran medida, la posibilidad de que haya un proceso de reconciliación nacional. Cinco nombres que debemos grabar en la memoria, y cuyo trabajo de seis meses estamos obligados a acompañar de cerca. Esos nombres son los de los argentinos Juan Méndez y Patricia Tappatá, el del brasileño Marlon Weichert, el de la colombiana Magdalena Correa y el del inglés Julián Burguer. Ojalá obren bien y echen por tierra la especulación que ya corre por acá, de que todo esto obedece a un plan para restituir a Morales en el poder.

 



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