Los trabajadores denunciaron que existen consorcios de abogados que manejan los juzgados. La oposición advierte que la protesta fue contra el paro cívico cruceño

8 de marzo de 2022, 8:13 AM
8 de marzo de 2022, 8:13 AM

La dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB) denunció que en los últimos 18 años la justicia en el país no tuvo mejoras y está a la merced de “grandes consorcios de abogados”. Los trabajadores dieron un ultimátum al Gobierno de Luis Arce para que convoque a una reunión y presente soluciones a los fabriles despedidos en 2020, también para las víctimas de violencia y para destituir a los “malos” jueces y fiscales.

“Lamentablemente (en los últimos) 14, 15 y 18 años, ¿qué han hecho? No ha habido cambios, no ha habido mejoras. Al contrario, se han apoderado estos grandes consorcios de abogados para definir la justicia en el país. Por eso estamos en las calles, queremos un cambio, una reforma en la justicia”, reclamó el secretario ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi.

El dirigente aclaró que la protesta fue contra los “malos administradores de justicia” que no respetaron los derechos de los trabajadores y contra las empresas que no ejecutaron las sentencias constitucionales que ordenan restituir a los trabajadores a sus fuentes laborales. También fue por las víctimas de las masacres de Senkata, Sacaba (Gobierno de Jeanine Áñez) y Porvenir (Gobierno de Evo Morales), la Guerra del Gas (Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada), y los afectados de otros crímenes como los feminicidios, infanticidios, violaciones y asesinatos que a la fecha no encuentran justicia por la corrupción al interior de los juzgados. Los afiliados a la COB se movilizaron en todo el país. En La Paz y Santa Cruz intentaron tomar los tribunales.

Al respecto, la oposición advirtió que el Gobierno está detrás de la toma de los juzgados porque la COB tiene vínculos “estrechos” con el partido oficialista. Asimismo, denunciaron que la COB funciona como “el brazo operativo” del Ejecutivo para ayudarlo a retomar el control del Órgano de Justicia.

“Lo que podemos interpretar es que el ministro de Justicia expresa que lo que hacemos los ciudadanos no es legítimo y lo que hacen las organizaciones, que son los brazos operativos del gobierno, es lo único que tenemos que considerar en el país como legítimo y valedero. Con esto advertimos que no existe ninguna esperanza de que el gobierno presente una reforma judicial”, lamentó la senadora de Creemos Centa Rek.