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Las 34 denuncias de persecución política que recibió el Comité Interinstitucional de Defensa a Víctimas de Injusticia por Motivos Políticos e Ideológicos del Ministerio de Justicia por el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas y otras cuatro que dejó a su consideración el alcalde de La Paz, Luis Revilla, aún están en la fase de “consideración”, mientras que 123 solicitudes presentadas por otros políticos y activistas como el exlíder cívico Branko Marinkovic, el exministro Guido Nayar, que estaban fuera del país; o el mismo exalcalde de Cochabamba, José María Leyes, ya fueron aceptadas.

El viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, Huberth Vargas, informó de que la comisión recibe denuncias de hechos que ocurrieron entre el 22 de enero de 2006 y el 10 de noviembre de 2019, es decir, durante los 14 años del gobierno de Evo Morales.

El comité tiene competencia para los casos en los que considere que el Gobierno del MAS instrumentalizó a la justicia como herramienta de persecución. “Al hablar de instrumentalización nos referimos a que se usaron todas las excusas, forzando delitos y figuras jurídicas para iniciar las demandas contra políticos o activistas”, dijo la autoridad.

Se han recibido 344 denuncias que involucran a 394 personas; se han rechazado 83 denuncias; para subsanar se encuentran 58, se han aceptado 123; y se encuentran ya en la etapa de revisión, resolución y atención 80 de estas denuncias admitidas, explicó.

La presidenta Jeanine Áñez y el ministro de Justicia, Álvaro Coímbra, presentaron el 4 de diciembre la resolución ministerial 140, que creó este comité.

Áñez puntualizó entonces que la iniciativa busca la defensa a las víctimas de injusticia durante los últimos 14 años, y dejó claro que no se atenderán delitos comunes, de lesa humanidad y tampoco de narcotráfico. La mandataria instruyó que todos los casos que reciba deben ser atendidos con celeridad y con pleno respeto a la normativa, por lo cual pidió “mucha responsabilidad, coherencia y seriedad”.

EL DEBER accedió a la lista de los casos, y en la misma destaca el hecho de que las 34 denuncias presentadas por Rubén Costas fueron admitidas, pero están aún en etapa de consideración.

El viceministro de Justicia admitió que hay una delgada línea roja, y que el trabajo se complica para discernir entre las personas que fueron efectivamente perseguidas con las que cometieron delitos. “Eso es fruto de mucha evaluación”, dijo.

Ejemplificó que hay casos con personalidades políticas “que cuentan con 10, 20, 30, 40 procesos que les siguieron para poder acallarlos, controlarlos y que no hagan mucha actividad política. Unos claramente lo son, pero otros se encuentran dentro de esta delgada línea roja”.

Advirtió que entre los casos que la comisión prefiere tomar mayor tiempo de análisis está el del Gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas. “Tiene 34 procesos”.

Son sujeto de análisis, por ejemplo, el caso “camionetas”. En el POA 2007 se había previsto la compra, con recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos, de dos camionetas, una vagoneta y 20 motos. Sin embargo, Rubén Costas dejó sin efecto lo programado en 2007 y procedió con la compra de 40 camionetas doble cabina, por Bs 6.030.320 con la partida que estaba destinada para el Programa de Seguridad Ciudadana de la entonces Prefectura del Departamento”, argumentó la acusación del Ministerio Público.

En el otro lado de la vereda están casos como la supuesta malversación de Bs 10 millones en la convocatoria del referéndum autonómico del 4 de mayo de 2008, el de la aprobación del estatuto autonómico. “Todos ellos son procesos que pueden ser aceptados”, y en los que el gobernador fue liberado.

El secretario de gobierno de la Gobernación de Santa Cruz, Vladimir Peña, explicó: “Estamos cumpliendo los procedimientos, los trámites respectivos, lo importante es que el país tenga instituciones sólidas, creíbles, que nunca más se persiga a nadie por pensar diferente”, aseveró.

Peña insistió en que “la demora “no preocupa para nada, vamos a seguir los procedimientos, un equipo de abogados trabaja en ello, Rubén irá a la ventanilla y pondrá su caso, pero no es un tema que a él le preocupe”.

La comisión avanzó más rápido en otros casos, como los del ex líder cívico Branko Marinkovic, quien acusó al gobernador de impulsar desde Santa Cruz “una estrategia que consistía en colaborar con la dictadura del MAS y en abandonar los principios de la autonomía y de la libertad”.

Lo mismo que el exministro Guido Náyar, quien tras retornar le envió una carta en la que le dijo: “Por tu falta de moral, por tu cobardía, por tu traición, por tu sometimiento, por ser funcional”.

Los abogados del alcalde de La Paz, Luis Revilla, presentaron cuatro casos. Se destaca el relacionado con la acusación de delitos contra la salud pública, un proceso por la campaña Yo Soy Mi Primer Amor, entre otros.

El viceministro señaló que no recordaba los detalles, pero que lo que en este caso ocurrió es que se lo admitió, pero no se lo aceptó porque se pidió complementación sobre los casos a la Alcaldía.

El director jurídico de la comuna, Fernando Velásquez, respondió que aún no recibió esa petición de complementación, “pero la comisión debe determinar la procedencia para abrir competencia e investigue estas denuncias. Quedamos a la espera”. Mientras, el caso de su colega de Cochabamba, José María Leyes, relacionado con el caso Mochilas, ya fue aceptado.