Cómo frenar a los avasalladores urbanos
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En los últimos años, el municipio cruceño se ha convertido en un blanco apetecido por avasalladores y traficantes de tierras, quienes se aprovechan de las debilidades del sistema para cometer sus delitos. De poco sirven las leyes, la planificación urbana o las áreas verdes, si al final mafias organizadas presentan supuestos títulos de propiedad y animan a incautas familias a asentarse en terrenos, abrir vías y destruir el medioambiente.
La realidad de esta situación se evidenció recientemente cuando una comisión compuesta por concejales, policías y gendarmes llegó a los predios municipales colindantes con el Jardín Botánico de Santa Cruz. Los avasalladores habían desmontado el área para abrir caminos y parcelar terrenos en lotes.
Las personas ya asentadas afirman que pagan en cuotas sus lotes al supuesto dueño que los comercializa. Lo grave es que los documentos presentados son falsos, y la georreferenciación indica que los terrenos están en Cuatro Cañadas, no en Santa Cruz de la Sierra. Peor aún, quienes promueven estas actividades fraudulentas son individuos que ya han sido procesados y detenidos, pero que reinciden con los mismos terrenos tras recuperar su libertad.
Los concejales Lola Terrazas y Mamén Saavedra aseguran que hay mafias organizadas detrás de los avasallamientos y cuestionan que el Ejecutivo municipal delegue a las subalcaldías la responsabilidad del cuidado y protección de las áreas verdes de la ciudad. La Alcaldía debió evitar este atropello tan pronto como fue denunciado en 2021. Ahora, tres años después, los asentamientos se están consolidando.
Este no es un problema aislado. El municipio cruceño sufre el asedio de avasalladores y enfrenta costosos litigios por derechos de propiedad en el Mercado Mutualista, el Cordón Ecológico y el Parque Lomas de Arena, solo por mencionar algunos casos recientes. Pareciera que la Alcaldía no tiene la competencia exclusiva (que, por ley, sí posee) para planificar y administrar su territorio. Ahora, hasta debe defenderse jurídicamente para proteger el patrimonio de todos los cruceños.
La administración del territorio urbano es compleja debido a las presiones sociales, económicas, políticas y jurídicas. Los traficantes de tierras se aprovechan de las debilidades del sistema y emplean todo tipo de triquiñuelas: falsificación y duplicidad de documentos, superposición de planos, padrinazgos políticos, corrupción en las instituciones públicas, entre otros.
Es hora de que la Alcaldía de Santa Cruz busque una solución integral para la planificación, uso y administración del territorio urbano, que es una de sus principales responsabilidades. Debe recuperar el control, como cuando existía el Consejo del Plan Regulador, encargado de la gestión urbana con mayor criterio técnico y al margen de presiones políticas e intereses económicos. Debe crearse una instancia similar, dotada de presupuesto suficiente y todas las condiciones necesarias para cumplir sus funciones adecuadamente.
En el plano social, también se deben tomar iniciativas. La urbe cruceña sigue recibiendo la mayor migración interna de Bolivia, y hay que ofrecer alternativas asequibles y legales para evitar que estas personas caigan en las garras de los traficantes de tierras y se conviertan en avasalladores. En el pasado, la ciudad implementó el Plan Socio Urbano, mediante el cual consolidó 260 hectáreas de lotes con servicios básicos para que familias de bajos ingresos los paguen en cuotas. Soluciones profundas como estas son las que se necesitan con suma urgencia.
