26 de septiembre de 2023, 3:55 AM
26 de septiembre de 2023, 3:55 AM


Las terminales de buses son parte del sistema de transporte de pasajeros, por lo que son materia de transporte. Por esto, la competencia sobre ellas será del gobierno al que le atañe el servicio de transporte de pasajeros según su alcance territorial.

Conforme a la Constitución Política del Estado (CPE), el transporte urbano y local es competencia municipal (art. 302.I.18); el transporte supralocal, pero dentro del departamento, es competencia de los gobiernos departamentales (art. 300.I.9); y el transporte interdepartamental e internacional es competencia del Gobierno central (art. 298.II.32).

Esto implica que la regulación (establecer las normas mediante ley, reglamentarlas y controlar la aplicación con esa base) y la inversión pública en la construcción de terminales de buses es de esos gobiernos según esa distribución competencial.

Para el caso del transporte interbarrial, intercomunitario e interdistrital de pasajeros dentro de un municipio, no se requieren terminales, sino paradas finales. Regular, ubicar y adecuar la infraestructura pública, y autorizarla, le corresponde a los gobiernos municipales o, en su caso, a los gobiernos indígenas.

Dado que es competencia municipal la planificación local del ordenamiento territorial, corresponde a los gobiernos municipales “identificar e incorporar las áreas que puedan servir como terminales terrestres […] a futuro, en los planes de ordenamiento territorial” u otros (Ley 165, arts. 68.I y 214). En caso de concesión del terreno, esto le corresponde al gobierno dueño del terreno. Pero, la concesión del servicio de administración de una terminal le corresponde al gobierno que tiene la competencia sobre ese tipo de servicio de transporte.

Entonces, por cuestión competencial, es obligación del Gobierno central financiar, construir, equipar, hacer funcionar y controlar las terminales de buses interdepartamentales e internacionales. También lo es financiar o cofinanciar las terminales de buses que sean de competencia de los gobiernos subnacionales, dado que el primero administra el 87% de todo el dinero del Estado y se niega a distribuirlo como manda la Constitución (arts. 305, 316.7 y 323.I).