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8 de diciembre de 2023, 3:00 AM
8 de diciembre de 2023, 3:00 AM

Un principio fundamental de la convivencia democrática es la vigencia plena del Estado de Derecho. ¿Qué implica este concepto? La respuesta es simple y concreta: “nadie está por encima de la ley.  El ejercicio del poder tiene límites establecidos en la propia Constitución, las autoridades, por mucho respaldo popular que tengan, deben ser las primeras en cumplir y hacer cumplir las leyes.​

En la acera de enfrente estamos los ciudadanos a quienes se nos reconocen derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. El fundamento de este amplio catálogo de valores jurídicos es fruto de una larga y dolorosa evolución de las sociedades y de dos instrumentos fundamentales: la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica.

Tanto en la Declaración Universal como en el Pacto de San José de Costa Rica, existe un principio fundamental e ineludible: el respeto absoluto a la dignidad humana sin que medie alguna caprichosa o acomodaticia interpretación. Y para reforzar este principio fundamental los Estados miembros de la Naciones Unidas han encontrado un consenso absoluto en cuanto a la prohibición de la esclavitud, la tortura, los tratos crueles inhumanos y degradantes y el rechazo a toda forma de discriminación.

Cualquier persona que tome conocimiento de los fundamentos antes mencionados tendría que tener la seguridad de que en Bolivia, un Estado con una Constitución altamente garantista y avanzada en materia de derechos humanos, están dadas las condiciones suficientes para tener una convivencia armónica y la vigencia plena de la ley.

Pero este discurso repetido hasta el cansancio por las autoridades gubernamentales choca de pronto con actitudes delictivas y vergonzosamente impunes. En ese contexto el país tuvo que presenciar una conferencia de prensa dirigida por una organización de interculturales del municipio de San Julián, departamento de Santa Cruz.

Tito Flores Condori, dirigente de la organización leyó un comunicado en el que “condenan a muerte” a empresarios que, según dicen, serían responsables del fallecimiento de una persona, además de las lesiones por bala que sufrieron otros ciudadanos producto del enfrentamiento por tierras en los predios Pailitas-Las Londras, ocurrido el pasado fin de semana.

Flores Condori apareció acompañado por Sixto Canaza, unos de los principales implicados en el secuestro y humillación (tratos crueles inhumanos y degradantes) perpetrado contra periodistas, policías y campesinos en una emboscada perpetrada hace dos años. Hasta el día de hoy, las víctimas del caso Las Londras siguen peregrinando en busca de justicia y los principales implicados están libres y armados, dispuestos a recibir con bala a quien se atreva a acercarse a los predios que tienen avasallados.

Tan solo pasaron cinco días y, en el municipio San Carlos, un par de encapuchados se acercaron a una comisión que pretendía verificar el avasallamiento del curichi Las Garzas, fuente que provee agua al distrito de Antofagasta, que  alimenta a dos ríos y regula el clima de la zona.

¿Cómo reaccionaron las autoridades? El ministro de Gobierno declaró escuetamente que no permitirá acciones delictivas y su mano derecha el excomandante de la Policía, Jhonny Aguilera, declaró, sin rubor alguno, que no existe impunidad en en los casos de avasallamientos. No existe proporción alguna entre las declaraciones de ambas autoridades y las acciones emprendidas por estos mismos personajes en otras circunstancias, cuando ciudadanos movilizados por causas que consideraban justas, fueron perseguidos, apresados y denigrados.

Existe riesgo inminente en varias provincias cruceñas en las que organizaciones delictivas armadas y bien organizadas están al acecho de propiedades rurales en las que existen inversiones, producción y empleo para familias que buscan vivir dignamente, pero las alertas y amenazas públicas no conmueven a las autoridades. ¿Acaso esperan choques refriegas mortales para luego dirigir la justicia en favor de quienes son sus militantes y grupos de choque?

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