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14 de julio de 2023, 4:00 AM
14 de julio de 2023, 4:00 AM

Por Américo Salgueiro Casso, abogado constitucionalista y procesalista


Sobre el Concordato de 29/5/1851, el procurador General del Estado (PGE) afirmó que “considera que el tratado vigente desde 1851, ‘somete al Estado’ a su fe” (La Razón, 29/6/2023), enfatizando que solicitó “se revise el Concordato (.), que en términos medievales [1851] somete al Estado a una fe e incorpora el derecho canónico” (Los Tiempos, 29/6/2023). Analicemos su pretensión.

El Derecho internacional indica que el “concordato” es un “tratado” celebrado con la Santa Sede (Tredinnick; 2000).

Enseña que el procedimiento formal para la celebración de tratados tiene 4 fases: i) negociación/adopción del texto, ii) firma, iii) manifestación de la intención de obligarse (ratificación/adhesión), iv) canje/depósito de instrumentos (Benadava, 2004). Puntualiza que la “aprobación” del tratado sólo es necesaria si el “derecho interno así lo requiere” (ídem), remarcando que no le confiere eficacia. Explica que la “ratificación” es el “acto mediante el cual un Estado hace constar en el ámbito internacional su consentimiento en obligarse por un tratado” (ídem). En suma, un tratado aprobado pero no ratificado, no es eficaz.

Para el 29/5/1851 fue vigente/eficaz la Constitución de 1843. Su artículo (art.) 19.7 autorizó al Poder Legislativo (PL) para “aprobar o desaprobar los tratados celebrados por el Poder Ejecutivo”. Correlativamente, autorizó al Poder Ejecutivo (PE) para “celebrar toda clase de tratados (.) sometiéndolos al Cuerpo Legislativo, para su aprobación” (art. 43.34) y, específicamente, para “celebrar concordatos (.)” (art. 43.31). Siguiendo la teoría general, la Constitución de 1843 le atribuyó al PL la facultad de “aprobación” y al PE las de i) negociación/adopción, ii) firma, iii) ratificación, iv) canje/depósito de instrumentos. El Concordato de 29/5/1851 fue negociado, adoptado y firmado conforme a la Constitución de 1843.

Desde septiembre 21, estuvo vigente/eficaz la Constitución de 1851. Su art. 50.5 autorizó al PL “prestar o negar su aprobación a los tratados (.) y concordatos celebrados por el Poder Ejecutivo”. En correspondencia, autorizó al PE para “celebrar concordatos y tratados (.), con aprobación del Congreso” (76.23). El procedimiento formal para la celebración de tratados de la Constitución de 1843 fue constante en la de 1851.

El PL, mediante Ley de 6/11/1851, aprobó el “Concordato firmado en Roma en 29 de Mayo (.), por (.) Jacobo Antonelli Cardenal (.), ministro plenipotenciario de su Santidad (.), y el General Andrés Santa Cruz, ministro plenipotenciario de Bolivia” (art. 1), condicionando su ratificación a la previa aclaración de partes sobre los “artículos 2, 3, 6, 7, 8, 12, 18, 20 y 21 para ponerlos en (.) armonía con la Constitución” (art. 2). Para el art. 3 de la Constitución de 1851, promovida por el General Manuel Isidoro Belzu (conocido “padre del pueblo”), cuyo plenipotenciario fue el Mariscal Andrés de Santa Cruz y Calahumana (reputado primer presidente indígena de Bolivia), “La Religión Católica, (.) es la de Bolivia. La ley protege y garantiza el culto exclusivo de ella, y prohíbe el ejercicio de otro cualquiera, reconociendo, (.), el principio de que no hay poder humano sobre las conciencias”.

Actualmente, la evidencia indica que la Santa Sede sólo califica como vigentes/eficaces al “Acuerdo sobre asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas y Policía de 1/12/1986”, al “Convenio sobre Misiones de 4/12/1957” y a las Notas Reversales de 3/8/1993 (Ley 1644, 11/7/1995) (https://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/index_concordati-accordi_sp.htm), y que, probablemente, el Concordato de 29/5/1851 no fue ratificado.

Aun si probara que el Concordato fue ratificado, el PGE omitió considerar que la Disposición Transitoria Novena de su Constitución de 2009 estableció que, como permanente servidor público (art. 235.1), tuvo el plazo de 4 años desde la elección del nuevo Órgano Ejecutivo (6/12/2009) para cumplir su deber de promover la denuncia/renegociación de “los tratados (.) contrarios a la Constitución”, mismo que feneció el 6/12/2013.

Por tanto, si el imaginario Concordato fuera vigente/eficaz, por confesada negligencia del Procurador General del Estado, también sería irrevisable.

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