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13 de noviembre de 2023, 4:00 AM
13 de noviembre de 2023, 4:00 AM

Carlos Guevara R.

Si un empresario invierte mal o administra mal su inversión, quiebra su emprendimiento y pierde el dinero que invirtió. Si el Estado invierte mal en una empresa o la administra mal no sucede lo mismo, ésta sigue funcionando generando pérdidas indefinidamente.

Razones de orden ideológico y político dieron, y dan, lugar a ingentes inversiones en empresas estatales en los gobiernos del MAS. El MAS, por sus raíces fundacionales, tiene especial animadversión a un sistema ordenador de la actividad económica compuesta por actores privados operando a través del mercado. En el orden político el MAS entiende la conveniencia de invertir en empresas ya que hacerlo le otorga más poder, influencia y oportunidades de enriquecimiento ilícito, aumentando su capacidad para el prebendalismo y clientelismo con sus bases.

Al incentivo de realizar malas inversiones se añade el incentivo de realizar una mala gestión a través de exceso de personal, así como de contratar personal inadecuado, por ser éstos familiares o por ser políticamente afines al Gobierno, por encima de personas debidamente calificadas.

De este modo, las empresas estatales deficitarias empobrecen al país mientras no se las cierre, lo cual casi nunca pasa, ciertamente no en gobiernos estatistas como los del MAS, a diferencia de las empresas privadas que cierran el momento en que se constata su inviabilidad para no seguir malgastando recursos.

Es así que el Estado empresario empobrece al país, desperdiciando recursos que son requeridos con urgencia para mejorar servicios imprescindibles que son provistos por el Estado, como la justicia, por ejemplo.

El Estado empresario empobrece al país de una manera insidiosa por que no se nota el desperdicio que causa, como la fuga de agua en una tubería rota debajo de tierra, la cual no revela la pérdida por estar oculta, todo en servicio de gobernantes que se benefician políticamente de inversiones que empresarios en su sano juicio jamás harían.

El Gobierno justifica la inversión estatal, por más mala que sea, alegando que genera la famosa demanda interna. Si bien la inversión en empresas estatales aumenta la demanda mientras dure su concreción, sin embargo, ese efecto no dura, es como el consumo de azúcar que da un golpe de energía pasajero, dando paso al poco tiempo a un bajón, en el caso del azúcar, de energía, y en el caso de la inversión en empresas estatales, de la actividad económica.

La racionalidad económica daría lugar al cierre de empresas que generan pérdidas, pero la racionalidad que impera cuando se trata de empresas estatales es la racionalidad política, como por ejemplo que el Gobierno no quiera incurrir en el costo político de cerrarlas. Por tanto, las empresas estatales deficitarias se vuelven un pozo sin fondo a donde van a parar los escasos recursos con los que cuenta un país pobre como Bolivia.

¿Quién paga las consecuencias de un Estado empresario fallido? Pues toda la población a quien se le niegan los beneficios de inversiones cuya responsabilidad de realizar es principalmente del Estado, como ser infraestructura, salud y educación, vitales tanto para su bienestar como para aumentar su productividad y por lo tanto, su capacidad de generar riqueza.

El tan vapuleado y despreciado por el MAS modelo de mercado, (como si los países más ricos y de mayor bienestar social y baja desigualdad no tuvieran economías de mercado), tiene al menos una gran virtud: impone una disciplina férrea a los actores económicos privados. El temor a perder su patrimonio hace que aquellos -que tienen la posibilidad de arriesgar capital- en un emprendimiento, sea este pequeño o grande, lo hagan, generalmente, aunque no siempre, con mucho estudio y cuidado. Aun así, muchos emprendimientos, a todo nivel, fracasan.

No es el caso del aprendiz de empresario estatal. Para éste es muy fácil prometer y realizar inversiones en empresas; si ésta



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