Contaminación del aire: una crisis que vulnera el derecho a la salud y la educación
Claudia Vaca | filóloga y educadora
En las últimas décadas, y con mayor intensidad este año, Bolivia ha visto un alarmante aumento de incendios forestales, especialmente en Santa Cruz, Beni, zonas de La Paz y la Chiquitania. Además de arrasar millones de hectáreas de bosques, estos incendios deterioran la calidad del aire, afectando la salud y vulnerando derechos esenciales como el acceso a un medio ambiente sano, la salud y la educación.
La quema de vegetación libera partículas finas, monóxido de carbono y otros gases tóxicos, dañinos para los pulmones y el sistema cardiovascular. Niños, personas mayores y quienes padecen enfermedades crónicas como el asma (el índice de personas con asma y cáncer pulmonar es de los más altos a nivel mundial según la OMS, 2023) son los más afectados. En Santa Cruz, hospitales reportan un aumento en casos de problemas respiratorios y crisis de asma durante la temporada de quemas, con una insuficiente capacidad de camas, nebulizadores y tanques de oxígeno para atender a los pacientes. Esta situación vulnera el derecho a la salud, consagrado en la Constitución boliviana, debido a la falta de acciones preventivas y una respuesta adecuada de las distintas instancias gubernamentales, para mitigar esta crisis.
La contaminación del aire también perjudica gravemente los derechos educativos. Los niños que respiran aire contaminado sufren fatiga, falta de concentración y dificultades respiratorias, lo que disminuye su rendimiento académico. Además, la crisis sanitaria agrava la desigualdad educativa, ya que muchas familias no tienen acceso a la tecnología necesaria para clases virtuales. Esto agudiza la brecha educativa que impide a los estudiantes más vulnerables acceder a una educación de calidad, acentuando desigualdades existentes.
El derecho a un medio ambiente sano, esencial para una vida digna, también está siendo violado. La exposición continua a aire contaminado provoca agotamiento físico, mareos y malestar generalizado, afectando a la población que, sin posibilidad de escapar del aire tóxico, sufre los efectos de esta violencia ambiental.
La situación educativa es crítica: la fatiga y los problemas de salud de los niños afectan su capacidad de aprendizaje. Un cerebro mal oxigenado no puede funcionar adecuadamente, lo que repercute directamente en su rendimiento. La desigualdad tecnológica agrava esta situación, ya que en Bolivia gran parte de la población carece de acceso a dispositivos o internet, haciendo que las clases virtuales sean inviables para muchas familias. En zonas rurales y periurbanas, los altos costos de datos móviles y la falta de recursos tecnológicos tanto para estudiantes como para profesores hacen que la educación de calidad se vuelva un lujo inaccesible.
El impacto de los incendios va más allá de la salud física: también afecta el bienestar mental de los niños y adolescentes. El estrés de vivir en un entorno contaminado, la interrupción de sus estudios y la falta de recursos para su desarrollo académico constituyen una forma de violencia sistémica que pone en riesgo su crecimiento integral. Esta crisis vulnera su derecho a una educación de calidad y un ambiente favorable para su desarrollo.
La respuesta del Estado ha sido insuficiente y tardía. Las políticas de prevención de incendios y protección del medio ambiente no se han implementado efectivamente, y los sectores más vulnerables sufren las mayores consecuencias. El Estado tiene la responsabilidad de garantizar un medio ambiente sano y una educación accesible para todos, pero la realidad es que muchas familias se enfrentan solas a esta crisis humanitaria.
Es urgente adoptar medidas concretas y sostenibles para mitigar los efectos de los incendios y la contaminación del aire en Bolivia. Es necesario priorizar el acceso a tecnologías educativas para evitar que más estudiantes se queden rezagados. A la vez, es crucial que el Estado garantice un aire limpio y saludable para todos, asegurando así el desarrollo pleno de las futuras generaciones y el cumplimiento de los derechos fundamentales que están siendo sistemáticamente vulnerados.
