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23 de junio de 2024, 4:00 AM
23 de junio de 2024, 4:00 AM

Los recientes ataques a las oficinas de la Aduana Nacional en Santa Cruz y del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) en Yacuiba, por parte de turbas violentas de contrabandistas encienden las alarmas sobre la alarmante situación que enfrenta Bolivia en su lucha contra este flagelo. Estos hechos no solo representan un grave atentado contra la propiedad pública y la integridad del personal de estas instituciones, sino que también ponen de manifiesto la preocupante debilidad del Estado de Derecho en el país.

 La osadía con la que actúan estos grupos de contrabandistas, llegando incluso a incendiar instalaciones públicas, evidencia la falta de respeto por las autoridades y las leyes. Esta situación se ve agravada por la aparente impunidad con la que operan, ya que son escasos los casos en los que se logra identificar, detener y procesar a los responsables de estos actos violentos.

La falta de un Estado de Derecho fuerte y efectivo tiene graves consecuencias para el país. No solo se desincentiva la inversión y el desarrollo económico, sino que también se genera un clima de inseguridad e inestabilidad que afecta a la población en general. Ver que las instituciones del Estado son destruidas en ataques violentos solo aleja el interés de inversionistas extranjeros que tanto necesita la economía boliviana, más todavía cuando persiste la aguda escasez de dólares.

Es imperativo que las autoridades bolivianas tomen medidas firmes y contundentes para combatir el contrabando y restaurar el orden público. Se deben implementar estrategias integrales que aborden las diferentes aristas del problema, incluyendo el control fronterizo, la persecución penal de los contrabandistas y el fortalecimiento institucional de las entidades encargadas de hacer cumplir la ley.

En febrero, la Cámara Nacional de Industrias planteó modificar el Código Tributario para disminuir de Bs 500.000 a Bs 125.000 el valor del monto para que sea considerado como delito aduanero. La falta de una norma menos permisiva permite el incremento del contrabando en Bolivia, que crece a un ritmo de 7% anual, el doble del Producto Interno Bruto.

La violencia ejercida por estos grupos de contrabandistas, que no dudan en atacar e incendiar instalaciones estatales, demuestra el poder que han adquirido estas redes ilícitas y la impunidad con la que operan. Es inaceptable que este tipo de actos de intimidación y vandalismo se lleven a cabo sin que las autoridades tomen las medidas correspondientes para detenerlos y hacer cumplir la ley.
La lucha contra el contrabando no solo es un tema económico, sino también un asunto de seguridad nacional. Esta actividad ilícita genera cuantiosas pérdidas para el Estado en términos de recaudación fiscal, distorsiona la competencia en el mercado interno y pone en riesgo la salud de la población al ingresar productos alimenticios y farmacéuticos sin ningún control sanitario.

Es evidente que las estrategias actuales para combatir el contrabando no están siendo lo suficientemente efectivas. Se requiere un enfoque integral que combine medidas más contundentes por parte de las fuerzas del orden, una mayor coordinación entre las diferentes instituciones involucradas y un trabajo sostenido de educación ciudadana para crear conciencia sobre este delito que destruye empleos formales.

Solo mediante acciones decididas y un trabajo conjunto entre las autoridades, el sector empresarial y la ciudadanía se podrá vencer este delito que tanto daño causa al país.

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