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Son diarios los reportes que reflejan cómo el contrabando está asfixiando a la industria boliviana: lácteos, alimentos, bebidas, ropa y toda clase de productos que llegan al país de manera ilegal y que se campean en los mercados, sin que el Gobierno logre ejercer el control que se necesita.

Según estudios de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, el contrabando mueve 2.230 millones de dólares al año y afecta a 250.000 empleos en el sector formal de la economía. Lo que ocurre es que, con el ingreso de mercancía foránea, en el país se cierran empresas o se despide a trabajadores. Lo concreto es que los productos que llegan por la vía ilegal son más baratos para el público boliviano.

La consecuencia es funesta. Hace unas semanas la empresa de lácteos más grande del país reveló que tiene un stock de 3.000 toneladas de leche sin mercado. Eso, por supuesto, afecta no solo a la empresa, sino a toda la cadena productiva, ya que, al no tener consumidores, deja de comprar a los proveedores y eso desencadena pérdida de fuentes de empleo a gran escala. Lo mismo ocurre con las fábricas de cerveza o de gaseosa o con las pequeñas y medianas empresas dedicadas a la confección de ropa.

Es un secreto a voces que hay millonarios que obtienen su fortuna de la actividad ilegal del contrabando; que en los pasos fronterizos hay mafias dedicadas a este ilícito. No hace falta mucho esfuerzo para recordar que estos ilegales tienen sistemas satelitales de comunicación, de vigilancia y hasta mecanismos de soborno para que nada ni nadie interrumpa su enriquecimiento ilícito.

Como gran cosa, la Aduana Nacional reporta que ha recaudado 2,9 millones de bolivianos durante el primer trimestre del año por concepto de impuestos a la internación de mercadería. Pero ¿qué es ese monto comparado con los 6,3 millones de dólares que ingresan a diario de contrabando, según estimaciones de los industriales? ¿Acaso los contrabandistas están en la mira del Estado para que paguen impuestos como el de las grandes fortunas? La realidad es que a ellos no se los fiscaliza ni los controles son suficientes en las fronteras, así como tampoco existen en los mercados donde hay venta libre de todo tipo de mercancía de contrabando.

La pandemia parece haber agudizado el problema. Si bien los grandes pasos fronterizos con los países vecinos están cerrados, hay muchos otros que funcionan sin que nadie vigile. Así lo constató una investigación de EL DEBER en la zona de Yacuiba, donde se cree que hay unos 40 pasos ilegales. Con esa referencia, solo hay que imaginarse lo que ocurre en los límites con Brasil, con Chile o con Perú.

El clamor de los industriales bolivianos se pierde en la sordera del Gobierno, que parece no entender el grave impacto del contrabando. Quienes operan este ilícito forman organizaciones corporativas y salen a protestar cuando se ven amenazados, también tienen matones que se enfrentan a las fuerzas del orden en las fronteras. Por si eso fuera poco, cada cierto tiempo, surgen voces en el Legislativo que sugieren legalizar los vehículos ‘chutos’ o indocumentados (que llegan al país por los pasos sin control desde los países vecinos), consolidando de esa manera la ilegalidad, dándole amparo en lugar de combate.

El precio es alto y, aunque pareciera que comprar contrabando más barato ayuda al bolsillo de las familias, la consecuencia es que se hace más grande el ejército de desempleados o de quienes se insertan en el mercado informal de manera precaria y humillante.

El Gobierno debe escuchar las denuncias contra el contrabando. No hacerlo, quizás le signifique rédito político inmediato, pero a la larga puede ser un peligroso caldo de cultivo de descontento social y decepción porque la economía real y legal no se recupera, como prometió el presidente de Bolivia.



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