Contratos, precios y marco legal permitirán que el litio reemplace al gas en ingresos, según analistas

“Tal como ha sido el gas en su momento, el litio se convertirá en un pilar fundamental de la economía nacional”, afirmó Carlos Ramos presidente de Yacimientos del Litio Bolivianos (YLB), un objetivo que analistas ven factible, pero que depende de factores como la suscripción de contratos de inversión, de la cotización internacional del carbonato de litio y de un marco legal consensuado.

“Los hidrocarburos han sido el principal, casi el único pilar de la economía”, pero “la política del presidente Luis Arce ahora es tener varios pilares”, de manera que si pasa lo ocurrido con el gas, cuya producción comenzó a declinar, al igual que los ingresos que genera, “no se dependa de un único pilar”, indicó a EL DEBER el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen.

El gas seguirá siendo una fuente de ingresos, remarcó, pero el litio se convertirá en una fuente de recursos “fundamental”. “El litio va a venir a aportar más y a hacer que el país pueda crecer más”, dijo el ejecutivo, quien considera que otro generador de divisas será la producción de biodiésel, proyecto de YPFB que potenciará el agro. 

“Sin duda, el litio será una alternativa de ingresos fiscales para el país”, afirmó Fernando Romero, presidente del Colegio de Economistas de Tarija, principal región gasífera del país. “De manera inicial, solo como materia prima, pero con el tiempo y dependiendo de muchos factores, podría estar a la par del sector hidrocarburífero, que a pesar de su declinación ha generado de enero a mayo de 2023 casi $us 900 millones en exportaciones, cuando el litio prevé $us 600 millones durante todo el año”, detalló. 

En Bolivia, la producción de gas alcanzó su techo en 2014, al registrar 59,6 millones de metros cúbicos día (MMm3/d) y exportaciones por $us 6.011 millones. El año pasado, la oferta gasífera fue de 41,27 MMm3/d y las ventas externas de $us 2.972 millones. Para 2023, se prevé una producción de 37,43 MMm3/d (-9,3%) y exportaciones por $us 1.987 millones (-33%), según datos oficiales. 

En el sector de los evaporíticos, por su lado, la exportación de 800 toneladas (t) de carbonato de litio marcó en 2022 un récord de $us 52,7 millones, monto que representa el 1,7% de lo conseguido con las ventas externas de gas natural. 

La producción de este insumo esencial para las baterías aún se mantiene a escala piloto en el país, pese a que el proyecto comenzó en 2010, un retraso que la administración de Arce busca subsanar. 

Con este fin, suscribió convenios con la rusa Uranium One Group y con las chinas Citic Guoan y Catl Brunp & CMOC (CBC), para llevar a cabo estudios que permitan la instalación de cuatro plantas de extracción directa del litio (EDL) asociadas a plantas de carbonato de litio, las cuales estarán en Uyuni (2), Coipasa (1) y Pastos Grandes (1), cada una con una capacidad de 25.000 t. 

El Gobierno prevé una producción de 100.000 t de carbonato de litio antes de que termine 2025, o al menos “una producción temprana”, e ingresos de $us 9.600 millones en 2026, según informó a Panamericana el viceministro de Exploración y Explotación de Hidrocarburos, Raúl Mayta. 

Estos $us 9.600 millones superan con creces lo conseguido por el gas en su mejor momento ($us 6.113 millones en 2013), pero se los podría obtener en el escenario más optimista, ya casi descartado. 

El cálculo de Mayta fue realizado con el precio máximo del insumo alcanzado en noviembre de 2022 ($us 90.262 la tonelada), pero desde entonces ese valor bajó a $us 19.000 en el primer trimestre de 2023 y se situó en $us 42.000 en junio de este año, lo que muestra la volatilidad de ese mercado. 

“A futuro, el precio va a empezar a bajar y se va a estabilizar en unos $us 25.000, hasta $us 35.000, por la venta de esas 100.000 toneladas”, proyectó Ramos. Tomando en cuenta el margen más amplio, las 100.000 t generarían $us 3.500 millones. 

Álvaro Ríos, ex ministro de Hidrocarburos, reconoció que el litio representa una oportunidad para la generación de ingresos importantes para el país, aunque ello depende de que los convenios para impulsar estudios de factibilidad se traduzcan en contratos de inversión y de que “se aclare” el marco legal bajo el cual se regirá esta actividad durante los próximos 15 o 20 años. 

“Esta ley tiene que consensuarse principalmente con los departamentos donde están ubicados los salares”, subrayó Ríos sobre la norma, que en su criterio debería definir los impuestos y las regalías en función de los precios y volúmenes de producción. 

Héctor Córdova, ex viceministro de Desarrollo Minero Metalúrgico y ex presidente de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), consideró que tener al litio como principal generador de ingresos depende de varios factores, entre ellos el llegar a acuerdos con el Comité Cívico Potosinista (Comcipo) y que se mantenga la cotización internacional del insumo. 

Sin embargo, remarcó, “la premisa de que se mantengan los precios altos no va a existir. Meter 100.000 toneladas al mercado va a hacer bajar la cotización, porque es una gran cantidad”. 

Otro factor es la negociación y acuerdos con regiones productoras como Potosí, que ya en anteriores oportunidades ha sido capaz de hacer retroceder al Gobierno en proyectos de esta índole. 

En este marco, se negocia la nueva normativa del sector, la cual deberá permitir que YLB pueda asociarse con empresas extranjeras en la etapa de producción primaria, que hoy es exclusiva de la firma estatal. La ley, además, definirá los pagos que harán los operadores del sector. 

En hidrocarburos, por ejemplo, el panorama está bien definido, ya que se pagan patentes de hasta Bs 39,42 por hectárea, una regalía departamental del 11% sobre la producción departamental, una regalía nacional compensatoria del 1% sobre la producción nacional, el 6% de participación del Tesoro General de la Nación (TGN) sobre el total de la producción y el 32% del Impuesto Directo a los Hidrocaburos (IDH) sobre la producción nacional. Asimismo, están las participaciones de YPFB y del operador, entre otros. 

Por su lado, el anteproyecto de “Ley marco del litio y recursos evaporíticos”, que se debate desde hace más de cinco meses en el Legislativo, contempla una participación del 51% de YLB y regalías de entre 3 y 18% en función del precio de carbonato de litio (al momento se paga un 3% fijo). También incluye un impuesto del 18% a la comercialización de productos con valor agregado, como materiales catódicos, baterías y litio metálico, entre otros. 

“Todos esos factores nos harán ver con mayor claridad por dónde vamos a ir”, apuntó Córdova. 

Producir desde 2025 las 100.000 toneladas es un objetivo ambicioso, ya que en el mundo se produjeron unas 690.000 t en 2022. 

En este proceso, se entregaron ya los estudios para las plantas EDL en Uyuni y se evalúan los resultados, los cuales darán curso a las inversiones, de acuerdo con Ramos. 

Se prevé, además, que este año se inaugure la planta industrial de carbonato de tecnología convencional, con capacidad de 15.000 t. 

Ramos indicó que el mercado para la producción boliviana será de “nuevos requirientes” del insumo que aún no tienen proveedores, mientras Mayta sostuvo que los “mercados asegurados” son China y Rusia. 

“Hay que ir con calma. No caer en la falsa ilusión de que el litio es la respuesta a todos nuestros males y que este negocio nos sacará de la pobreza. El problema de fondo es estructural, un modelo económico primario exportador sin valor agregado. Depende mucho de nuestros gobernantes que no nos pase lo mismo que con el cobre, la plata y el gas, que al final de cuentas son recursos que se acaban, y si los desaprovechas, pierdes”, afirmó Romero.