10 de abril de 2023, 4:00 AM
10 de abril de 2023, 4:00 AM


Según la Constitución (CPE), el sistema de pensiones es una función estatal, y existe la prohibición de que tal servicio sea privatizado o concesionado. Por esto, incluso si el Gobierno aceptara mantener la concesión, no se podría. Lo único que queda es fortalecer el sistema de control y transparencia en el manejo de los aportes. 

Conforme al art. 45.IV de la CPE, todos los servicios del sistema de la seguridad social, incluyendo el de pensiones, no pueden “ser privatizados ni concesionados”. Esta prohibición no permitiría ni a la unanimidad de los senadores y diputados, hacerlo, ya que implicaría incurrir en delito de “Resoluciones Contrarias a la Constitución y a las Leyes” (CP, art. 153). La única forma en la que se podría es mediante una reforma constitucional. 

Pese a que se aplica un sistema de control, donde interviene la fiscalización, el control gubernamental, el control social y la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS), existe una gran desconfianza de la población sobre la idea de que el Gobierno administre los aportes de jubilación. 

Para generar confianza, se debe garantizar la independencia de la Gestora y de la APS. Para esto, la unidad de Transparencia no debe depender de la misma Gestora; los integrantes del directorio y el gerente general debieran ingresar por concurso de méritos y tener un periodo durante el cual no puedan ser destituidos; la APS debiera tener un directorio y sus miembros y el director ejecutivo entrar y permanecer del mismo modo; los directorios debieran permitir la participación de un senador y un diputado no oficialista sin derecho a voto y de representantes de los aportantes; las sesiones ser públicas; y finalmente, toda decisión sobre cualquier política de pensiones debiera tomarse con la participación de los aportantes, para lo cual se debieran generar espacios permanentes (comités, etc.) y circunstanciales (talleres) de participación social, con integrantes definidos por la propia sociedad civil (CPE, art. 241.V-VI; Ley 341, art. 15).
La ciudadanía estaría más tranquila con una buena política de transparencia (CPE, art. 232), al participar en las decisiones sobre la política de pensiones y al tener disponibles los espacios y mecanismos para ejercer control social sobre el trabajo de la Gestora y el de la APS, como manda el art. 241.I-III de la CPE