23 de enero de 2022, 4:00 AM
23 de enero de 2022, 4:00 AM

La génesis del cooperativismo cruceño se remonta a los inicios de la década de los años 60 del siglo pasado. Su creación fue producto de la visión y del emprendedurismo de la gente de estas llanuras, convencida de lo estéril que resultaba la espera de las respuestas del centralismo secante que gobernaba y sigue gobernando el país, para atender los requerimientos mínimos de un pueblo entonces abandonado a su suerte y dejado en el olvido lacerante. De toda una comunidad que, no obstante, empezaba a despertar de su aletargamiento. Decidida a arreglárselas por su cuenta. Aquellas necesidades y demandas estaban relacionadas con los servicios básicos y esenciales que tenían que ver con la dotación de agua potable, suministro eléctrico y pavimento. Suerte distinta la de regiones de occidente del país que recibían y usufructuaban los beneficios generosos de la minería para impulsar su desarrollo y transitar hacia la modernidad.

Podría haber transcurrido mucho tiempo más si los cruceños no asumían la determinación de dar vida propia e impulsar a sus cooperativas para que lo esencial no les faltara en la entonces vieja y empolvada aldea donde las cosas empezaron a cambiar. Fue a partir de las prestaciones eficientes e inmejorables en los rubros encomendados a CRE, Cotas y Saguapac que por sobradas razones terminaron convirtiéndose en legítimo patrimonio y orgullo regional. Ese, a grandes rasgos, el repaso histórico de un proceso creativo de buen sello impulsado por una comunidad de espíritu infatigable e irreductible como la nuestra es reconocida ampliamente.

Desde los últimos días, dos de las tres cooperativas citadas están en el foco de la atención pública y mediática. La imagen institucional de Saguapac se ha visto fuertemente afectada por la presencia de bandadas de policías y fiscales entrando y saliendo de sus instalaciones, cuyo allanamiento dispuso el Ministerio Público. Lo hizo con celeridad y despliegues sorprendentes y también deseables en otras circunstancias, como parte de la investigación de hechos irregulares cometidos por exfuncionarios en el caso bullado de los ‘ítems fantasmas’. Incluso se registró el arresto domiciliario de un gerente de la entidad que habría ‘obstruido’ las pesquisas y fue sometido previamente a un extenso interrogatorio en la Fiscalía. Por su aparatosidad, el operativo judicial fue calificado como un ‘asalto’ y atribuido a una corriente intimidatoria con matiz político contra la institucionalidad cruceña y sus conductores

En el caso que involucra a la telefónica, los tiros van por otro lado. Cotas no ha conseguido, aparentemente, sobreponerse del gravísimo daño económico perpetrado hace algún tiempo por ejecutivos y funcionarios que se embolsillaron más de $us 7 millones correspondientes a una promoción de servicios de la cooperativa y que fue utilizada en su beneficio propio. El hoyo financiero que dejaron los deshonestos e inescrupulosos que entonces manejaron Cotas le impide, entre otros compromisos, cumplir con el pago de salarios en los últimos cuatro a cinco meses a sus trabajadores quienes han instalado su protesta en la calle, mientras en los estrados judiciales sospechosamente juntan polvo los expedientes relacionados con el deplorable y escandaloso hecho.

Es necesario separar la paja del trigo en estas consideraciones que nos ocupan. Si de las cooperativas cruceñas se trata y antes de que las dudas se conviertan en sospechas, deberían activarse oportunamente los mecanismos internos de control como los consejos de administración y vigilancia al detectarse cualquier acto irregular que pudiera afectar su funcionamiento y/o el interés de sus asociados que son los ‘dueños’. De estos últimos, mejorando políticas de comunicación, hay que demandar un mayor interés y participación en la elección de los más idóneos y confiables conductores y administradores de su ‘patrimonio’.

También con firmeza y determinación se tiene que ahuyentar a las aves de rapiña que encarnan desafectos gratuitos y oportunismos subyacentes que intentan desvirtuar el cooperativismo y debilitar, como se ha puesto en evidencia en nuestro medio, a sus organizaciones más representativas. No es posible permitirlo.