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Las denuncias de avasallamientos en zonas protegidas se las realiza casi todos los días. El Área Protegida Municipal en Bajo Paraguá es uno de los casos más llamativos. En esta zona, en el municipio de San Ignacio de Velasco, los avasalladores o ‘colonizadores’, como los llaman en la zona, son señalados como traficantes de tierra que actúan con total impunidad y con el aval del gobierno nacional.

La nueva Área Protegida Municipal Bajo Paraguá San Ignacio de Velasco, que tiene también el título de Reserva Forestal Bajo Paraguá, está situada en el municipio de San Ignacio de Velasco, provincia de José Miguel de Velasco. Fue creada el 12 de febrero de 2021 para proteger casi un millón de hectáreas de bosques primarios de la Chiquitania.

El ecosistema chiquitano ha sido uno de los más afectados por los incendios forestales de 2019 y 2020, alrededor de 8 millones de hectáreas perdidas que hoy confirman la urgencia de proteger este espacio natural boliviano.

“Es gente del Movimiento Al Socialismo (MAS), afín al Gobierno nacional, que da ofrendas partidarias otorgando terrenos, como ha hecho siempre. Son traficantes de tierras”, denunció Moisés Salces, exalcalde de San Ignacio de Velasco, quien también dijo que los asentados son personas con bienes de lujo, como vehículos de última generación, y que no son parte de la zona.

Vinculados al MAS

Tito Arana, representante de la Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC) en el municipio de San Ignacio de Velasco, relató que las organizaciones detrás del tráfico de tierras están vinculadas al MAS. Arana detalla que los invasores identificados dentro del área protegida son parte de sindicatos campesinos que lograron titular sus terrenos de manera rápida, algo que no pudieron lograr las comunidades indígenas que viven en la zona protegida.

Por otra parte, el presidente del Comité Cívico de Roboré, Rubén Darío Arias, aseguró que hay nuevos asentamientos ilegales en el área protegida situada en el municipio de la provincia Chiquitos.

Encontramos un campamento sobre el camino Santiago de Chiquitos-Santo Corazón, con turriles con combustibles, campings, un tractor, motosierras, machetes y otras herramientas, además de cinco personas en total estado de ebriedad, a cargo de un ingeniero que manifestó que son del municipio de San Rafael, contratados por la comunidad Tupac Amaru”, contó Arias.

Así, existen más casos de asentamientos humanos ilegales en otras zonas protegidas, como en el Valle Tucabaca, donde también se denunció que los incendios son ocasionados por los denominados colonizadores.

“No es posible que nos sigan avasallando, atropellando, humillando, sacándonos a la fuerza con palos y machetes”, reclamó Daniel Suárez, expresidente del Comité Cívico de Puerto Suárez.

Hasta finales de agosto, un total de 786.584 hectáreas se vieron afectadas por los incendios forestales en el departamento de Santa Cruz. De esa cifra, el 68% corresponde a áreas protegidas.

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