Créditos y eficiencia condicionan el plan estatal de industrialización hacia el Bicentenario

Se acerca el Bicentenario (2025) y el Gobierno puso en marcha una agenda en la que el programa de industrialización estatal es medular. El plan de instalar 130 empresas industriales con una inversión de más de $us 3.600 millones tiene el desafío de conseguir fuentes de financiamiento y de demostrar que las futuras compañías públicas serán eficientes y tendrán un alto porcentaje de ejecución de sus presupuestos.

Así lo entiende el sector privado, que considera que en este tipo de programas lo fundamental es poner énfasis en la eficiencia económica y social de las inversiones.

“Las decisiones necesitan ser tomadas como resultado de procesos técnicos y planes de negocio bien concebidos; así podrán alcanzar eficiencia, rentabilidad y equidad social. Además, la calidad de los estudios de factibilidad es fundamental para el logro de objetivos y aportar al crecimiento del país”, indicó Óscar Mario Justiniano, presidente de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz (Fepsc).

Juan Carlos Vargas, secretario de Relaciones de la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype), consideró que toda participación e inversión del Estado “es bienvenida”, pues permite la industrialización de la materia prima y genera mayores divisas para Bolivia.

¨Perspectivas 

“Estos programas para otorgar valor agregado a la producción nacional siempre son una oportunidad para crear nuevos puestos de trabajo. Además, permiten que el aparato industrial privado, ante la presencia estatal, se modernice y genere nuevos productos y servicios industriales”, sostuvo Vargas.

Sin embargo, puntualizó, “que es importante no crear empresas públicas solo por crearlas, para que luego sean deficitarias, como las que hay en la actualidad. Un ejemplo de aquello fue el fracaso de la estatal Enatex, que se tuvo que cerrar para dar paso al Servicio Nacional Textil (Senatex)”, mencionó.

"El Senatex, hasta el momento no genera buenos resultados. Por el contrario, se ha convertido en una competencia desleal para las propias unidades productivas privadas, pymes y mypes”, agregó el dirigente de la Conamype.

El 14 de mayo pasado, el ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca, informó que la administración de Luis Arce tiene como meta consolidar las bases para tener una Bolivia industrializada hacia el Bicentenario. 

Se pretende lograr este objetivo con 130 nuevas plantas industriales en diferentes áreas productivas y una inversión de más de $us 3.600 millones.
“Es importante precisar que, una vez que ponemos las piedras fundamentales para el inicio de las obras, dependiendo del tamaño y de la complejidad de estas plantas industriales, la construcción puede tardar un año y medio, dos años o dos años y medio”, dijo Huanca.

Para Justiniano, las inversiones públicas o privadas en un mismo sector y con productos similares, son una competencia y la competencia -a su criterio- es buena porque impulsa las mejoras técnicas y administrativas en las empresas.

“La inversión pública y la inversión privada deben complementarse, generando mejores condiciones para la incorporación de valor agregado a los recursos naturales y elevando la calidad del empleo”, sostuvo.

“Parece claro que, en sectores estratégicos, como la provisión de combustibles y energía, así como en la explotación e industrialización del litio o el impulso a la industria química nacional, la presencia estatal resulta necesaria”, subrayó el empresario.

Este impulso a la inversión pública por parte del Estado, no obstante, no se observa en la inversión privada, que debe afrontar la burocracia y leyes impositivas coercitivas, observó Vargas.

“El Estado rentista solo quiere vivir de los impuestos, lo que provoca una gran traba para la generación de industrias privadas dispuestas a invertir y a modernizarse”, sentenció.

El economista Germán Molina sostuvo, a su vez, que el presidente Arce intenta ejecutar el Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2021-2025 recién a la mitad de su gestión.

Alertó que los resultados hallados de la ejecución de los indicadores económicos del escenario macroeconómico esperado del PDES están por debajo de los programados. Remarcó, asimismo, que revertir esa situación en los siguientes años será muy complicado, debido al actual nivel, tendencia y estructura de las variables económicas del país.

“El anuncio de la industrialización con sustitución de importaciones mediante una inversión superior a $us 3.600 millones hacia el Bicentenario -que contempla más de 130 plantas- es muy complicado de lograr, porque temporalmente es la mitad de un período presidencial que se viene caracterizando por un ciclo electoral y un ciclo económico que posiblemente continúe con la elevación del gasto público y con financiamiento interno y externo”, evaluó el economista.

“Si no se consiguió ejecutar el PDES durante dos años es difícil que se cumpla por diversos factores coyunturales económicos, políticos, sociales y geopolíticos internacionales que vivimos en la actualidad”, puntualizó.

El experto en finanzas, Mauricio Ríos afirmó, por su lado, que el Gobierno lleva una misma política desde 2006 que ha resultado en la bancarrota actual del país. “Estamos en quiebra. Hay un banco intervenido, no hay dólares ni combustibles y los precios de la canasta básica no dejan de subir”.

Indicó también que el Estado no debe inmiscuirse en ningún aspecto de la economía, pues esto no se trata de un simple asunto técnico. “Todas las empresas estatales están en quiebra o son deficitarias”, observó el experto.

En cuanto a la posibilidad de financiar ese programa industrial, Vargas sostuvo que son los créditos del exterior la principal fuente de recursos a la que debe recurrir el Gobierno. 

Por ello, hizo notar que el dinero que se pueda conseguir debe ser adecuadamente invertido, para no caer en un endeudamiento que no traiga ningún beneficio para el país.

El plan industrial del Gobierno se da en un momento en el que la deuda externa está en niveles históricos y cuando los ingresos del país se han reducido, lo que deterioró las reservas internacionales netas y afectó la disponibilidad de dólares en el mercado.

Huanca detalló que a través del Ministerio de Minería se construyen refinerías en Oruro y Potosí; y por medio del Ministerio de Hidrocarburos plantas HVO, de biodiésel y de fertilizantes granulados. 

La autoridad precisó que, de las 130 nuevas plantas industriales, la implementación de 47 está a cargo de su cartera, para lo que requerirán de Bs 7.578 millones. Esta inversión, destacó, “permitirá fortalecer la producción de alimentos y al sector manufacturero”.

Resaltó que la implementación de estas 47 plantas generará más de 5.132 empleos directos, más de 15.000 empleos indirectos en la fase de construcción y 20.000 empleos indirectos cuando las factorías entren en funcionamiento.

Durante su mensaje por los dos años y medio de su gestión de Gobierno,  Arce indicó que las nuevas plantas permitirán generar un ahorro en importaciones de más de $us 530 millones en divisas de manera anual.

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