Crisis autonómica

La vertiginosa caída de los ingresos del Estado ha tenido un impacto directo en la economía departamental. El gobernador Mario Aguilera no solo ha denunciado la crisis institucional de Santa Cruz sino también la delegación de competencias o atribuciones del poder central en la gobernación departamental, pero sin los recursos económicos.
La crisis general debe repensar, lanzar y profundizar el proceso autonómico, como lo ha planteado el Comité Pro-Santa Cruz. La institucionalidad cruceña debe aprovechar (en el mejor sentido del término) esta crisis para buscar el diseño de una nueva Bolivia. La dirigencia cívica ha descartado (de momento) la idea de abrazar el federalismo y optó por retomar las banderas autonómicas.
La propuesta cruceña debe volver a enamorar a los bolivianos y terminar diseñando un nuevo modelo de Estado. El oriente boliviano tiene la autoridad, la fortaleza y la convicción para enriquecer el proceso autonómico, conquistado con muchos sacrificios, incluyendo las pérdidas de vidas humanas. En realidad, este proceso se ha limitado a la elección del gobernador y la creación de la asamblea legislativa departamental, pero no se avanzó (si un milímetro) en la autonomía económica y financiera.
Que el gobierno central continúe disponiendo en promedio del 88% del presupuesto general del Estado, y el 12% entre gobernaciones, alcaldías, universidades y pueblos indígenas, evidencia la calidad de la autonomía existente. Tampoco se trata de la primera maniobra del centralismo. El Pacto Fiscal tenía que haberse realizado con la Ley Marco de Autonomías y Descentralización (LMAD) del 7 de julio de 2010. El Servicio Estatal de Autonomías, tenía que elaborar una propuesta técnica “analizando las fuentes de recursos públicos en relación con la asignación y el ejercicio efectivo de competencias de las entidades territoriales autónomas y el nivel central del Estado”.
El Pacto Fiscal tenía que concretarse “en un plazo no mayor a seis (6) meses después de publicados los resultados oficiales del Censo Nacional de Población y Vivienda” de 2012. Lo primero que hizo el gobierno central fue retrasar la realización de ese Censo (la historia se repite). Y no se concretó ni el primero de los cinco pasos de la propuesta del nivel central, para concluir con la aprobación del reglamento de funcionamiento y debates del Pacto Fiscal.
Lo cierto es que sin Pacto Fiscal no habrá autonomía plena; es decir, sin recursos económicos no puede avanzar el proceso democratizador del ejercicio del poder político. Los gobiernos del MAS no se han caracterizado precisamente por compartir el poder y muchos de los recursos conquistados por los gobiernos departamentales y municipales han sido confiscados por el gobierno central. Mientras el gobierno nacional enarbola la autonomía, practica el centralismo —puro y duro— y las entidades territoriales se hacen las autónomas y parecen cómodas con la simple elección de autoridades y delegación de competencias sin recursos económicos. Los cívicos cruceños tienen clarísimo que el principal enemigo de las regiones es el centralismo que, pese a todos los cambios, goza de muy buena salud.
En el plano normativo existe una división territorial del poder, donde los órganos ejecutivos y legislativos de los gobiernos departamentales y municipales forman parte de la distribución y ejercicio del poder público porque se les reconoce cualidad gubernativa. La Constitución boliviana define que, en efecto, “la autonomía implica la elección directa de sus autoridades por las ciudadanas y los ciudadanos, la administración de sus recursos económicos, y el ejercicio de las facultades legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva, por sus órganos de gobierno autónomo en el ámbito de su jurisdicción y competencias y atribuciones”.
La autonomía en general supone la existencia de distintos niveles gubernativos en el territorio: un gobierno nacional y varios gobiernos autónomos, con facultades ejecutiva, legislativa, reglamentaria y fiscalizadora. Aun cuando se busca terminar con el viejo Estado paquidérmico, existe una cultura centralista “virgen” que lleva casi 200 años de vida republicana, que se encarga de obstaculizar cualquier intento de avanzar hacia un verdadero Estado autonómico.
La crisis generalizada debe acelerar el relanzamiento del proceso autonómico que exige no solo una nueva hoja de ruta de las autonomías, sino también la necesidad de cambiar el chip centralista por el chip autonomista.