7 de abril de 2023, 4:00 AM
7 de abril de 2023, 4:00 AM

El año está a punto de cumplir 100 días y la temperatura social se eleva sin control. Dos sectores, salud y educación, básicos para la vida en democracia, están al borde del abismo. Por un lado, el sector educativo continúa en pie de guerra desde hace más de cinco semanas y, por otro, la salud rueda a los tumbos con nuevas enfermedades y urgencias que obedecen a problemas estructurales que nadie es capaz de subsanar.

El magisterio vive días convulsos, con huelgas de hambre, sin clases, sin diálogo fructífero y cada semana más movilizado. A pesar de que el ministro de esta cartera señale que se está politizando el conflicto, no argumenta ni propone soluciones de fondo. Mientras el calendario académico está en riesgo, la intransigencia gana la batalla en desmedro de los jóvenes estudiantes con consecuencias poco alentadoras. En tanto la educación boliviana se derrumba, aumenta la incertidumbre y profesores y autoridades educativas se culpan mutuamente. ¿Cuándo habrá acuerdo? ¿es irreconciliable esta relación? ¿No habrá que hacer cambios de actores que al fin escuchen al otro y así avanzar para resolver el conflicto? El derecho a la educación se está incumpliendo y seguramente el año escolar deberá ampliarse generando múltiples problemas económicos, psicológicos y de malestar en las familias bolivianas.

Del otro lado de la moneda, la salud sigue siendo una promesa electoral incumplida. Después de la pandemia de covid-19 todos han puesto las fichas en su prioridad.

Una bandera en la que flamean nuevos hospitales, más equipamiento médico, contratación de personal, tecnología y medicinas gratuitas. Transcurren los meses y las esperanzas se esfuman tras el incumplimiento de sonoras promesas.

También la salud es un derecho constitucional que no se respeta en Bolivia. La falta de inversión, recursos, políticas públicas serias, personal médico, implementos y medicamentos es moneda corriente en la mayoría de los centros médicos arrojando deprimentes indicadores en el sector. Surgen otras interrogantes para que respondan los niveles que corresponden en cada caso. ¿Son estos los representantes correctos en llevar a cabo las políticas sanitarias que Bolivia necesita, donde se garantice algo tan básico como el acceso a la salud? La salud no es moneda de cambio en cada proceso electoral. Llama la atención que no se planifiquen estrategias para combatir enfermedades como el dengue, la chikunguña, la fiebre amarilla, que proliferan en determinadas épocas del año. La colaboración del ciudadano es fundamental para lograr eliminar o al menos mermar la tragedia de fallecimientos que pueden evitarse. La vacunación debe ser una obligación desde la inscripción en los colegios, pero la dejadez se impone y en el futuro se lloran las consecuencias.

Es menester visibilizar las demandas en salud y pedir la rendición de cuentas de una labor en beneficio de todos. Si las autoridades incumplen sus obligaciones, la fuerza ciudadana deberá cobrárselo a través de múltiples instancias. El rol de las alianzas interinstitucionales entre organizaciones sociales, colegios profesionales, sindicatos, Iglesia, entre otras, podría cobrar mayor protagonismo y no ser cómplice de tantas irregularidades que se encubren por temor, complicidad o ‘nomeimportismo’.

La salud y la educación deberán dejar de ser marketing político y beneficiar en serio a quienes más lo necesitan. Así la política servirá para mejorarle la vida a la gente, no para otra cosa.

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