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26 de junio de 2024, 4:00 AM
26 de junio de 2024, 4:00 AM

Evelyn Callapino Guarachi


El Cerro Rico se está cayendo a pedazos, es inevitable no advertirlo. Basta verlo desde la Plaza 10 de Noviembre o desde cualquier punto de la ciudad. Le falta la punta que corona la cima, sus grietas son cada vez más visibles. Como si fuera una metáfora de lo que ocurre a nivel nacional, también la crisis en Bolivia muestra las grietas de nuestra sociedad. Y a nivel local, el municipio de Potosí muestra una gestión cada vez más vergonzosa. Es como si el Cerro nos hablara como una waka. Y nos mostrara con sus heridas la grave crisis social e institucional que experimentamos a nivel nacional y local.
La crisis municipal potosina ha estado alcanzando niveles altos de intolerancia. Funcionarios públicos de la alcaldía se han visto envueltos en verdaderos episodios de “lucha libre”. Golpes, insultos, mensajes indirectos y un escenario de abierta confrontación se han vuelto comunes en la alcaldía. También en pocos meses han desfilado varios alcaldes. En enero de este año, Leslie Flores, al salir de su puesto como alcaldesa interina, sopapeó a su colega Waldo Porcel. En abril, Juan Orellana, periodista de Radio Fides, denunció a la concejala Josefina Cruz por agredirlo. El periodista le estaba haciendo preguntas sobre el sistema de “cuotas políticas”. También en abril, Henry López y Vidal Quispe, este último presidente del Concejo, se liaron a golpes en la misma alcaldía. Este incidente se produjo por el deseo de siete concejales de querer elegir (otra vez) a Leslie Flores y destituir a la entonces alcaldesa (elegida por el Concejo Municipal), Mayra Churata. Jhonny Llally es hoy nuevamente alcalde, después de siete meses de detención preventiva, por las denuncias de violencia sexual. Todo esto es una representación de la agonía institucional de la alcaldía.
Esta especie de telenovela política potosina refleja una crisis política que, sin embargo, no es nueva. En el 2019, durante la crisis política nacional, renunció el entonces alcalde William Cervantes del MAS. En junio del 2020, en plena pandemia, la ciudad contaba con dos alcaldes: Luis Alberto López y Carlos Carmona. Además, el Concejo era un verdadero campo de batalla, ya que los concejales no podían sesionar por falta de quórum y las peleas partidarias eran asunto de todos los días. La historia potosina no ha estado libre de estos enfrentamientos, tal como también han ocurrido a nivel nacional. Todas las gestiones municipales repiten al unísono que “Trabajaremos por Potosí”. Pero ésta es una expresión vacía, cansina, carente de significado. La actual gestión de Johnny Llaly iniciada en el 2021 ha estado salpicada de escándalos, denuncias y enfrentamientos. En solamente tres años, la ciudad ha contado con tres alcaldes/a (Llally, Flores y Churata).
¿Por qué se enfrentan tan ferozmente los partidos e inclusive los miembros de una misma facción? Es un secreto a voces que el verdadero enfrentamiento es debido al sistema de cuotas políticas que conocemos como el cuoteo de los partidos. Este fenómeno ha sido materia de varias columnas mías y es una práctica muy arraigada en nuestra vida pública local y nacional. Los partidos para alcanzar consensos realizan “amarres”, es decir se distribuyen entre ellos los cargos públicos para que los ocupen sus partidarios (o sus llunkus en el lenguaje coloquial). Precisamente el periodista Juan Orellana le preguntó sobre este asunto a Josefina Cruz, en particular por su injerencia en el área de Desarrollo Humano. Según varios exfuncionarios, hay todo un sistema de cuotas políticas y de cuoteo en el municipio de Potosí. También se rumorea lo mismo sobre contratos de publicidad y adjudicaciones realizadas por el municipio.
Todo este malestar está estallando poco a poco. Estos hechos vergonzosos están siendo cada vez más visibles y ha acrecentado la indignación de la ciudadanía. La gestión actual de los funcionarios pareciera resumirse en actos protocolares de condecoración. Ya en una columna anterior abordé este asunto y subrayé que el Municipio destina sus energías y presupuesto en condecorar sin atender las necesidades de la población. Otro aspecto que genera indignación pública son las remuneraciones y dietas de funcionarios y autoridades. Los ingresos de un alcalde son casi ocho veces que el de un trabajador promedio que percibe un salario mínimo nacional (Bs 2,500). Los de un concejal equivalen a casi 6.5 veces sobre los de este trabajador. El Concejo Municipal cuenta con asesores, comunicadores y otros trabajadores que suponen también un presupuesto municipal. Los asesores muchas veces son los que hacen el trabajo de los concejales. Mientras tanto los concejales se lían a golpes dentro y fuera de la sede municipal. Una situación tragicómica que afecta a la sociedad potosina.
¿Qué debemos hacer ante esta disyuntiva? Urge una reestructuración interna en donde las instituciones públicas no sean un botín de los partidos políticos. Es poco esperanzador pensar que los cambios pudieran venir de los propios partidos, ya que ellos usufructúan esta situación. Una alternativa es la fiscalización externa hecha por la propia sociedad civil. Es importante que la sociedad civil de organice, que reclame sus derechos y que denuncie las diversas formas de malgastar y dilapidar nuestros recursos. Tal vez el Cerro Rico en sus grietas expresa la indignación de la sociedad potosina ante la gestión frívola y egoísta del gobierno municipal.



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