25 de agosto de 2022, 4:00 AM
25 de agosto de 2022, 4:00 AM

Un ‘trabajo práctico’ inusual que pidió una maestra en la población de Minero en el contexto de una clase de educación sexual derivó en una condena social y poco menos que en una crucifixión de la educadora por el solo hecho de haber equivocado, quizá, el recurso en su enseñanza, lo que en ningún caso era para acusarla del delito de corrupción de menores como hizo muy presurosa la Fiscalía.

Todo comenzó cuando la maestra de Biología pidió que los estudiantes sexualmente activos de quinto de secundaria, es decir entre 16 y 17 años de edad, lleven a la clase una muestra de semen dentro de un preservativo para que sus compañeras conozcan las características del líquido.

La intención era que las estudiantes mujeres en particular tengan un conocimiento más directo del origen de los embarazos no planificados y de esa manera pudieran tomar precauciones en sus relaciones sexuales.

Sin embargo, las reacciones fueron desproporcionadas en un tiempo en que los jóvenes inician su vida sexual incluso antes de la edad de aquellos estudiantes de quinto de secundaria. Hablar de sexo en Bolivia es un tabú en pleno siglo XXI, como si fuera un asunto ‘prohibido’ que no se debe tocar, cuya práctica sin embargo está muy extendida desde los primeros años de la adolescencia, particularmente en esta región del país.

Pero en sociedades donde la hipocresía está muy presente, algunos padres de familia condenaron que la maestra no cumpla su ‘labor sagrada’ de una educación apegada a ‘valores’ y la denunciaron; la Dirección Departamental de Educación suspendió a la profesora y la Fiscalía le inició un proceso nada menos que por corrupción de menores, está pidiendo antecedentes de ella y mandando sicólogos a atender a los menores, como si hubieran sido agredidos de alguna forma.

Es más, el fiscal Nelson Illanes adelantó que pedirá al juez que la profesora sea enviada de manera preventiva a la cárcel. Habría que concluir, después de este nuevo extremo de la Fiscalía, que a los prejuicios sociales y la ausencia de proporcionalidad, hay que sumar también la ignorancia.

¿Es correcto mandar a la cárcel a una maestra que pidió a los alumnos muestras de semen para ilustrar mejor a las estudiantes mujeres sobre los riesgos de los embarazos adolescentes no deseados? ¿No será demasiado, señor fiscal Nelson Illanes? Con una llamada de atención por atreverse a ser muy libre, práctica y directa, debiera ser suficiente.

En la justicia boliviana tan desacreditada pueden producirse los fenómenos más insólitos: a un jefe policial acusado de ser cómplice del asesinato de tres colegas uniformados le dan detención domiciliaria; a grupos irregulares armados que secuestran, torturan y disparan como en Las Londras no los detienen, pero a una maestra podrían darle prisión por un trabajo práctico del colegio.

¿Por qué, en lugar de crucificar a una humilde profesora que hizo lo que pudo para intentar ser más efectiva en su mensaje de prevención, no se cuestiona la pésima educación de los establecimientos fiscales o el comportamiento de una sociedad falsamente moralista que se rasga las vestiduras en este caso, pero que no hace nada contra las violaciones de menores de edad?

Y la justicia, es capítulo aparte. Se quiere mostrar ‘eficiente’ en un asunto mediático contra una señora indefensa en su ingenuo yerro, pero es absolutamente inoperante en los grandes casos de corrupción, pedofilia, feminicidios y cuando se trata de funcionarios del poder político.

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