¿Cuál es la lógica de la inversión pública en Bolivia?
En la presente gestión fiscal se tiene planificada una inversión pública de 4.006 millones de dólares, un 20% menos de lo presupuestado el año 2022, que fueron 5.015 millones de dólares de los cuales solo se ejecutó el 52,5%, según el Ministerio de Planificación del Desarrollo (La Razón 01/02/2023), monto ya menor a los registros de 2019 y 2020. La inversión pública del Modelo Económico Productivo Social y Comunitario está centrada en la sustitución de importaciones a través de la creación de empresas públicas en los sectores de hidrocarburos, minería, litio, agropecuaria y otras industrias sectoriales menores.
La inversión pública programada para el 2023 tiene como fuente de financiación un 68% en recursos internos y 32% con financiamiento externo. Destacan las proyectadas inversiones en el sector productivo por más de 1.600 millones de dólares, 42% de la inversión pública, en las plantas de salmuera de litio, de química básica, biodiésel, hidroeléctrica de Ivirizu, siderúrgica del Mutún, la segunda planta de urea, plantas eólicas en Santa Cruz y Tarija, plantas de oleaginosas, de medicamentos, de polímeros, etc. Esta cifra de inversión en empresas estatales es comparable solo con el valor de los subsidios a los combustibles el pasado año que alcanzó los 1.700 millones de dólares, cuyo presupuesto para el 2023 es de 1.100 millones de dólares sin contar los subsidios a los alimentos y servicios básicos.
Por el contrario, la inversión en infraestructura como carreteras, puentes, puertos, hidrovías, ferrovías, aeropuertos, y otros, representan una menor proporción, destinándose a este rubro 959 millones de dólares, mientras las inversiones sociales en salud, educación, vivienda, seguridad y otros ascienden a 1.024 millones de dólares proyectados para este año. En resumen, estamos proyectando una inversión que alcanza el 11,42% del total del PGE y que considerando su ejecución promedio de los últimos dos años llegará a menos del 6%, equivalente a solo 2.000 millones de dólares de inversión pública estimada para este año, insuficiente para el crecimiento proyectado.
Ahora bien, dadas las actuales circunstancias de una crisis cambiaria y financiera, todavía sostenible por el margen de endeudamiento y la monetización de las reservas internacionales en duro (oro), la previsión de una mayor reducción de la inversión pública es algo insoslayable. En consecuencia, lo menos que se podría esperar es evitar gastar los ahorros en inversiones no competitivas, es decir en empresas estatales que acrecienten la masa de empleados públicos sindicalizados, que lejos de forjar empresas eficientes generan empleos improductivos que terminan subsidiados por la fuera laboral productiva.
La lógica del modelo socialista nos lleva a una economía con mayor presencia del Estado en la generación de producción de bienes y servicios y la generación de ingresos de fuente interna y externa, además de un fuerte dominio social por la generación de empleos públicos, tanto en burocracia del Gobierno como en empresas estatales y el volumen de subsidios. Esto redunda en lo que parecería la lógica de la inversión pública, que es la de invertir para tener mayor control social y no necesariamente para generar producción competitiva capaz de sustituir importaciones.
De hecho, la realidad constatable no nos refuta ni muestra algo en contrario al supuesto expresado, sino, cómo se explica que pretendamos invertir en una nueva planta de amoniaco y urea, cuando la planta actual trabaja a menos del 50% de su capacidad instalada, ha estado parada más de un tercio del tiempo desde su instalación, cuando tenemos inconclusa la conexión ferroviaria que debe permitirle una logística competitiva y por último cuando las previsiones de reservas de gas no aguantarían un adecuado análisis del riesgo de la inversión por provisión de materia prima.
Es también inexplicable una planta de biodiésel en el altiplano boliviano, donde no está la materia prima ni el mercado principal, no porque El Alto no merezca todas las inversiones del mundo, sino, porque las inversiones deben tener una lógica de sostenibilidad económica y no un fundamento político. De igual manera, tienen difícil fundamentación las inversiones en nuevas plantas hidroeléctricas de alto impacto ambiental cuando en realidad tenemos una sobreoferta de energía eléctrica que no la podemos consumir ni exportar. Acaso no es cuestión de priorizar
Para finalizar, solo un par de ejemplos de lo ilógico de ciertas inversiones políticas. Cómo invertir en una planta de oleaginosas cuando la materia prima no abastece ni la mitad de la actual capacidad de molienda ya instalada y privada, o cómo invertir en una planta de medicamentos cuantos nuestras propias industrias apenas sobreviven en un mercado plagado de contrabando, falsificación y adulteración.
