Por Wim Kamerbeek Romero, politólogo
La literatura en el campo de la Seguridad Nacional da algunas respuestas que son a veces superficiales o incompletas. Por ejemplo, la definición más aceptada es que un narco-Estado es aquel donde hay extrema pobreza, sociedades destrozadas por guerra e instituciones estatales que pueden ser compradas fácilmente.
Pero es una definición que se entremezcla con lo que se entiende por “Estado fallido”. No hay duda que un narco-Estado es un Estado fallido, pero un Estado fallido no es uno que ha fallado necesariamente por la presencia de cárteles o de narcotráfico.
Por otro lado, hay otra definición bastante popular: un narco-Estado es aquel donde hay un patrocinio del Estado y el Producto Interno Bruto (PIB) está constituido mayormente por droga y narcotráfico. De nuevo, es complicado que un Estado fallido otorgue datos estadísticos fiables y por “patrocinio del Estado” pueden entenderse muchas cosas, desde policías corruptos hasta gobiernos municipales que tienen a narcos como dueños.
Por eso, es necesario indagar en el caso boliviano comparándolo con otros países que lidian con el narcotráfico dentro de sus fronteras. Se calcula que, en Bolivia, la coca ilegal manejaría entre $us 1.500 millones y $us 2 mil millones por año. Eso es igual a 4 – 5% del PIB, pero en Colombia el narcotráfico es igual a 2% del PIB, mientras que en México poco menos del 2% de su PIB (por supuesto, considerando diferencias con Bolivia respecto a los PIBs de ambos países).
Colombia y México son considerados narco-Estados, pero el porcentaje dista bastante con Bolivia o Perú, que son caóticos últimamente. Por otro lado, el índice GINI de Bolivia (0.703) está más cerca a Sudáfrica y Egipto, que a Afganistán (otro Estado fallido, 0.496), México (0.767), Colombia (0.761), Venezuela (0.726) o Perú (0.759). En todos estos últimos países, por cierto, las instituciones del orden tienen muy baja popularidad, y en Afganistán, México y sobre todo Venezuela, la relación entre Fuerzas del Orden y Gobierno ha sido difusa.
Se puede ver que, en todos los países mencionados, el Estado falla en la lucha contra el narcotráfico (lo que puede entenderse por “patrocinio del Estado”), pero en todos ellos, el PIB no muestra que esté constituido en porcentajes significantes como para que se ajuste a la definición antes mencionada.
Por eso es necesario plantear el término narco-Estado desde otra perspectiva: si los anteriores caracterizan por algo es por una débil capacidad de gobierno de los Estados (está muy claro, no tienen control sobre lo que pasa en el territorio, tampoco dentro de las instituciones, como el caso de la Policía en México y los militares en Venezuela), pero también por un débil funcionamiento del Estado de derecho: poca capacidad de gobierno y corrupción van generalmente de la mano. A estos dos elementos, debería sumarse también el de la sobrecarga en los sistemas penitenciarios: como demuestra el caso ecuatoriano en 2021, la lucha entre carteles de narcotráfico se daba dentro de las cárceles, sobre todo en Guayaquil y Cuenca, lo que revelaba que el sistema penitenciario es el lugar donde el narcotráfico opera mejor, aunque el número de reos no era tan preocupante como el caso boliviano -con una sobrepoblación carcelaria que llega a 270%, 3era más alta en la región- el Estado ecuatoriano, tan débil como el boliviano, vio un incremento de su tasa de homicidios del 100 al 150% en cuestión de meses.
Por otro lado, los países que han fallado en la lucha contra las drogas comparten otro rasgo común, el de la poca competitividad de la iniciativa privada. Así también, el deterioro del medioambiente: es el caso brasilero, colombiano, mexicano, afgano, y por qué no, boliviano, entre luchas por extensiones de tierras, contaminación de ríos y muy poca presencia estatal. Por último, todos los países que son considerados (o están por considerarse) narco-Estados, comparten una continua violación a los derechos humanos.
Bolivia, por supuesto, no se asemeja a los casos de Colombia y México. Pero comparte muchos rasgos de países que fracasan en la lucha contra las drogas. Y si a todo esto sumaríamos que el país no cuenta con una flota aérea considerable (8 de 39 helicópteros podrían ayudar en tareas de vigilancia en fronteras, pero no hay aviones para este propósito, ni personal capacitado, sí radares), entonces hablamos de un país que es demasiado vulnerable a los cárteles del narcotráfico. No olvidemos: los cultivos de hoja de coca siguen en aumento.